La Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que había sido presentada por el Ejecutivo el 9 de abril, ha sido aprobada con 70 votos de la mayoría oficialista y sus aliados en el Congreso, y 11 en contra de la oposición, en la que se impone una pena de entre 15 a 20 años de prisión por ese delito.
Castigará a "quien cause la muerte o lesiones corporales graves a personas que no participan directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado o destruya o dañe bienes públicos o privados, cuando el propósito de dichos actos, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población, alterar el orden constitucional u obligar a un Gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo".
Esta ley también sanciona la financiación al terrorismo con pena de 15 a 20 años de prisión "quien por el medio que fuere, directa o indirectamente, ilícita y deliberadamente, recolecte, capte, canalice, deposite, transfiera, traslade, asegure, administre, resguarde, intermedie, preste, provea, entregue activos, sean estos de fuente licita o ilícita, con la intención de que se utilicen o a sabiendas de que serán utilizados" para cometer terrorismo.
También si el dinero es utilizado para agresiones contra personas internacionalmente protegidas, por delitos relativos a materiales peligrosos, toma de rehenes, delitos contra la seguridad de la aviación civil, delitos contra la navegación y la seguridad portuaria y/o cualquier otra conducta que sea prohibida mediante instrumentos jurídicos internacionales.
Además, serán sancionados quienes financien viajes de personas a un Estado distinto de sus Estados de residencia o nacionalidad "con el propósito de cometer, planificar o preparar actos terroristas o participar en ellos".
Asimismo, a quienes financien la radicalización y/o el reclutamiento de personas para que realicen actos de terrorismo o integren organizaciones terroristas; así como quienes proporcionen o reciban adiestramiento con fines de terrorismo. Nicaragua está sumergida en su crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente.
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Las protestas contra Ortega se iniciaron el 18 de abril, por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años consecutivos en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.