El Congreso, con la abstención del PP, de Ciudadanos y del Foro de Asturias, ha instado al Gobierno a que amplíe a 16 semanas el permiso de paternidad con el objetivo de equipararlo con el de maternidad y que ambos sean intransferibles.
La iniciativa de Podemos-En Comú Podem-En Marea se ha aprobado a través de una enmienda transaccional, con la que se urge al Ejecutivo a tramitar de forma inmediata una reforma integral del sistema de permisos y prestaciones para el cuidado y atención de menores en caso de nacimiento, adopción o acogida.
Así, la proposición no de ley, que ha recibido el sí de 173 diputados y solo dos rechazos, además de 164 abstenciones, reclama que la duración sea igual para cada progenitor y que el permiso sea intransferible, con una prestación del 100% de la base reguladora y con igual protección del puesto de trabajo durante su disfrute. Se deberá establecer un calendario completo hasta llegar al permiso igual e intransferible de 16 semanas, evaluando asimismo su coste económico.
Mientras, deberá presupuestar ya para el ejercicio 2017 la prolongación del permiso de paternidad de 13 días a cuatro semanas, de acuerdo con lo establecido en la ley de Igualdad, y solicita la adecuación de los formularios administrativos "a un lenguaje no discriminatorio" acorde con las nuevas realidades familiares.
La encargada de defender la iniciativa, la diputada Sofía Fernández, ha denunciado que la regulación actual "tiende a la profundización de un desequilibrio", el que hace que muchas de las mujeres acudan a excedencias, reducciones de jornada o incluso abandonen sus puestos de trabajo tras haber agotado el permiso.
Ello hace además que sufran la "discriminación estadística" y aparezcan como "mano de obra de alto riesgo", de ahí que la tasa de paro femenino supere en 3,5 puntos al masculino. La diputada del PSOE Ángeles Álvarez ha aplaudido la medida, que supone el reconocimiento de un derecho que "vino de la mano de la Ley de Igualdad que puso en marcha el gobierno de Zapatero".
Mientras, el PP ha querido dejar claro que no cuestiona el fondo de la propuesta, pero sí la forma. La parlamentaria Carolina España cree que hay que ser "serios y responsables" porque dispara el coste de los 200 millones actuales a 1.500, por lo que cree que la medida debe estudiarse en el marco del Pacto de Toledo.