A falta de la votación final, prevista para el jueves, todos los grupos parlamentarios salvo el PP, que ha manifestado su rechazo, y el PNV, que prevé abstenerse, han respaldado una iniciativa que se debate justo un día después de la comparecencia del extesorero del PP Luis Bárcenas en la comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular del Partido Popular.

Y precisamente, la comparecencia de Bárcenas ha estado muy presente en el hemiciclo, donde el representante de Compromís Enric Bataller ha urgido a apoyar esta medida para acabar con la impunidad que "se ampara" bajo las siglas de un partido.

Una proposición que plantea la suspensión de actividad de hasta cinco años para aquellas formaciones que sean condenadas por financiación ilegal y la inhabilitación para recibir subvenciones y ayudas públicas durante un plazo máximo de quince años. Bataller ha recordado que la corrupción en España cuesta 90.000 millones de euros, una cantidad que sirve, por ejemplo, para construir 18.000 colegios, 255 hospitales o para poner fin a las listas de espera en la ayuda a la dependencia.

Desde el PSOE, Sofía Herranz ha dicho que la iniciativa de Compromís, aunque se puede mejorar, cubre un "vacío legal" en este terreno, pero, sobre todo, se ha centrado en su intervención en atacar al PP por la corrupción, acusándole además de que "jamás" ha tenido intención de perseguir "con dureza" esta lacra.

"El binomio PP/lucha contra la corrupción se ha convertido en un vergonzoso oxímoron", ha subrayado Herranz, como "vergonzoso" es el pacto "de silencio" entre Bárcenas y el PP que ayer se vio en el Congreso, ha añadido. También a favor de este endurecimiento de las penas contra los partidos por financiarse ilegalmente se ha posicionado Podemos, cuyo diputado Txema Guijarro ha cargado con dureza contra el PP repasando todos los casos de corrupción en los que está afectado.

Si esta iniciativa llegara "a buen puerto", ha dicho, se estaría dando potestad a los jueces y a tribunales para sancionar también a las personas jurídicas que actúan para financiar ilegalmente a un partido. Guijarro ha recordado además que la ley de 2015 que aprobó el Gobierno del PP no fue sino un intento de un Gobierno "acosado por la corrupción" para intentar ganar credibilidad frente a una ciudadanía "hastiada" y un entorno europeo "abochornado", pero, en cualquier caso, fue una reforma parcial e insuficiente.

Si bien Ciudadanos votará a favor de la toma en consideración, Toni Cantó ha aprovechado para afear a Compromís que su propuesta sea "más de prohibir que de proponer" aparte de asegurar que se trata de una iniciativa ya en trámite.

De paso, ha reprochado a la coalición valenciana que votara a favor del referéndum soberanista y que no haya hecho "nada" para mejorar la vida de los valencianos. Por parte grupo popular, la diputada María Jesús Moro se ha defendido de las acusaciones vertidas contra su partido al afirmar que es "mentira" que el PP sea una organización criminal ni que se haya financiado de manera ilegal porque "ningún juez" lo ha determinado.

Y de manera particular, ha cargado contra el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, al mencionar las denuncias periodísticas que pesan sobre él por sus actuaciones urbanísticas en Sueca (Valencia), donde fue alcalde. De estas acusaciones se ha defendido Baldoví en el siguiente punto del orden del día al asegurar que él va "con la cara muy alta y sin miedo". Desde el PNV, Mikel Legarda ha señalado estar de acuerdo con la "oportunidad del momento" de esta propuesta al estar ya en marcha una subcomisión parlamentaria sobre esta cuestión.

Se trata, por tanto, "de no poner el carro delante de los bueyes" y esperar a las conclusiones de la subcomisión sobre financiación de partidos, una opinión que comparte ERC, según ha dicho el diputado Xavier Eritja, aunque ha aplaudido el "pequeño avance" que supone la iniciativa de Compromís.