A pesar de los dos años transcurridos, las imágenes del suceso siguen sobrecogiendo. Bajo la montonera de uno de los vomitorios del Madrid Arena murieron asfixiadas Cristina, Rocío, Katia, María Teresa y Belén. Ocurrió en la fiesta ‘Halloween Music Party’ organizada por la empresa ‘Diviertt’ cuyo máximo responsable, Miguel Ángel Flores, declaraba haber vendido menos de 10.000 entradas. Sin embargo, la realidad era bien distinta ya que en unas urnas que se intentaron esconder, se contabilizaron hasta 22.800, más del doble del aforo permitido.
“No había ni control de documentación ni de nada”, afirma un chico que asistió al evento. Alguien de ‘Madridec’, la empresa que gestionaba los recintos municipales, ordenó abrir uno de los portones de acceso a la pista por donde se colaron 2.500 personas provocando la avalancha. A tan sólo unos metros de la agonía, sin embargo, vomitorios y pasillos cerrados. Es una más de las múltiples irregularidades que se detectaron.
El equipo médico lo dirigía el doctor Simón Viñals, de 72 años, que ya no podía ejercer como facultativo y que además “no llamó al Samur ni practicó una reanimación cariopulmunar”, según cuenta el abogado de la familia de Belén Langdon. Todo eso en una enfermería que carecía de las condiciones mínimas para atender emergencias sin luz suficiente ni agua corriente y con tan sólo una camilla.
“Aquella noche no se hizo nada bien. Se pusieron todos los medios para que pasara lo que pasó”, señala la madre de Cristina Arce. El Samur y la policía local tampoco estaban avisadas de la fiesta. Ahora, 24 meses después, las familias de las víctimas siguen buscando respuestas porque todavía el juicio no se ha celebrado. Hay 16 imputados de las empresas que aquella noche estuvieron involucradas en la tragedia y en el consistorio madrileño han dejado su puesto los altos cargos relacionados con la seguridad ciudadana y también el vicealcalde.
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