En 2007, la ONG ‘Access Info’ quiso saber qué había hecho el Gobierno para aplicar los convenios internacionales contra la corrupción. La respuesta fue el silencio administrativo. Por ello, fueron a los tribunales e iniciaron un combate legal que dura ya 6 años. “Nuestro mandato es promover y defender el derecho de cualquier ciudadano a saber qué está haciendo el Gobierno”, explica Helen Darbishire, directora ejecutiva de ‘Acces Info’.
El primer asalto se libra en la Audiencia Nacional. Allí les dicen que sí, que la Constitución garantiza el derecho a dar y recibir información veraz pero que eso no quiere decir que el Estado tenga que contestar a cualquier pregunta.
El segundo round, es en el Tribunal Supremo. Este les responde que no han pedido la información tal y como se puede hacer en España y les condenan a pagar las costas del juicio. Nada menos que 3.000 euros.
Así que deciden plantarse ante el Tribunal Constitucional y le piden amparo. Quieren saber si con la Carta Magna en la mano se puede exigir cualquier información al Gobierno.
Helen Darbishire comenta que no preguntaron por casos específicos de corrupción sino las medidas para prevenirla. “No entendemos por qué no querían entregarnos esta información”.
A día de hoy, han recibido una parte de la información pero no la tienen completa. “Es muy difícil en España tener información no sólo de casos corrupción sino sobre la lucha contra la corrupción”.
Hay muchos países europeos que han reconocido un derecho fundamental tener acceso a la información. “En España todavía no tenemos una ley de acceso a la información”, asegura la directora ejecutiva.