LaSexta llevaba un mes pidiéndolo y habíamos recogido más de 71.000 firmas de apoyo. Ahora, la Agencia Estatal de Investigación puede ser una realidad. "Esta iniciativa supondrá un cambio importante en la gestión de ayudas de investigación científica y técnica con importantes beneficios en términos de eficiencia, control y transparencia. Estas ayudas se concentrarán bajo un mismo paraguas, se someterán a una planificación plurianual y se optimizarán aún más los recursos gracias a las mejoras en la evaluación y control", ha defendido el ministro.

Con la posible creación de la Agencia Estatal de Investigación, anunciada por el ministro de Economía, se cumple la reivindicación de la comunidad científica a la que se ha sumado laSexta. Más de 71.000 personas han firmado en las últimas semanas la petición de nuestra campaña de Constantes y Vitales con la que solicitamos la creación de este organismo. Un paso de gigante para investigadores y científicos, que lo verían como un punto fundamental para el desarrollo de la investigación de un país, que serviría para controlar dónde va el dinero y con el que España volvería a captar talento.

Asimismo, el ministro de Economía y Competitividad ha anunciado que se está tramitando un nuevo suplemento de crédito de 95 millones de euros para este año, "con el objetivo de reforzar las convocatorias que se publicarán antes del verano, aumentando la oferta de contratos predoctorales, las dotaciones para los centros de excelencia Severo Ochoa, así como la convocatoria 'Retos-Colaboración' (proyectos de cooperación entre OPI y empresas)".

"La importancia que se ha dado a la I+D+i se ha trasladado en el presupuesto y este 2015 será el tercer año de incrementos de dotaciones. Se está tramitando un nuevo suplemento de crédito de 95 millones para este año, que se suma a los esfuerzos anteriores", ha celebrado De Guindos durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados.

CONTRATO DE GESTION DEL CSIC
Con el objetivo de alcanzar un modelo de ciencia "más eficiente y sostenible", el titular de Economía ha avanzado también que se está ultimando el contrato de gestión del CSIC, que por primera vez se ejecuta haciendo operativo el carácter de agencia, del que fue dotado en 2007, y que se aprobará en los "próximos meses".
"El principal objetivo es dotar al CSIC de un marco de gestión que combine la flexibilidad y la eficiencia con el control de sus cuentas, con compromisos concretos de resultados", ha indicado.

Para ello, ha señalado que se incluirán "más de 50 compromisos de gestión" sobre los que los órganos directivos tendrán que responder periódicamente. Igualmente, ha dicho que se aprobará un Plan de negocio que garantizará la generación de ingresos adicionales, que deben alcanzar, al menos, el 30% de su presupuesto.

La Ley de Agencias Estatales fue aprobada en 2007 y convirtió al órgano científico en agencia estatal, estableciendo que el Consejo se financiaría, además de con las transferencias de los Presupuestos Generales del Estado, con los ingresos propios que percibiese como contraprestación por las actividades que pudiera generar.

A partir de 2009 los presupuestos del CSIC incluyeron sus recursos propios, no obstante, el Gobierno ha trabajado en varios borradores de este contrato de gestión ante "las disfunciones encontradas en su gestión presupuestaria" desde su conversión en agencia estatal, a lo que habría que sumar una situación de reducción paulatina de aportaciones ministeriales a su presupuesto, iniciada en 2009, según reconocía el propio Ejecutivo en una respuesta en el Congreso de 2013.

De hecho, insistió por aquel entonces en que "no se habían producido todas las mejoras de gestión" que se asocian a la figura de agencias estatales en el Consejo científico, debido principalmente a la carencia de un contrato de gestión, "lo cual impedía al CSIC ejercer plenamente y con todas su posibilidad, la autonomía y responsabilidad que le atribuye la Ley de Agencias".

Es más, apuntaba que habían sido elaborados diversos borradores del contrato de gestión del CSIC, que contaron con la conformidad del Ministerio de Ciencia e Innovación y del de Administraciones Públicas, si bien fueron rechazados por el entonces Ministerio de Economía y Hacienda socialista. En un principio, la aprobación del texto se esperaba para 2013 o ya para 2014.