La ley -que ha contado con 279 síes y 62 abstenciones- garantiza por primera vez una financiación pública "estable y creciente" de la investigación y el desarrollo (I+D) para converger con la media europea, y fija en ese sentido el objetivo de aumentar regularmente el gasto hasta alcanzar el 1,25 por ciento del PIB en el año 2030.
El proyecto incluye un paquete de medidas para reducir la precariedad en el sector (nuevos contratos indefinidos e itinerarios posdoctorales más estables), para retener el talento y tratar de atraer a científicos de prestigio, para reducir la carga administrativa que recae sobre los equipos de investigación, y para agilizar la transferencia de conocimiento a la economía y a la sociedad.
Entre los cambios más importantes que se han incluido durante la tramitación parlamentaria destacan los dirigidos a mejorar las condiciones del personal investigador de los hospitales y centros del Sistema Nacional de Salud y para que sus carreras profesionales sean equivalentes a las de otros organismos públicos; o la eliminación de la obligación de avales bancarios privados para la financiación de los parques científicos.
Para reducir la precariedad en el sistema, el proyecto incorpora nuevos contratos indefinidos para científicos y técnicos asociados a líneas de investigación, un nuevo itinerario científicoposdoctoral encaminado a dotar a los investigadores de más estabilidad y una reforma del contrato posdoctoral "de acceso", así como más derechos para los investigadores más jóvenes y para el personal técnico que interviene en el sistema de ciencia y tecnología.
Los portavoces de la mayoría de los grupos que han intervenido en el pleno de la Cámara han valorado el amplio consenso que se ha alcanzado durante la tramitación del proyecto, que supone una profunda revisión de la ley de 2011, y la incorporación de numerosas enmiendas que han servido -han señalado los portavoces- para completar y mejorar el texto que remitió el Gobierno.
Amplio acuerdo político con abstención de Vox y críticas de algunas sociedades científicas
Salvo Vox, que aunque se ha abstenido en la votación final ha sido muy crítico con la ley por considerar que no va a resolver ninguna de las deficiencias de la ciencia, todos los portavoces han valorado las mejoras en la carrera científica y en las condiciones laborales de los investigadores, que la financiación púbica quede garantizada al margen de los vaivenes políticos y económicos, y que se reduzca la carga burocrática que tradicionalmente ha pesado sobre la ciencia.
Tras el pleno, y en declaraciones a los periodistas, Diana Morant ha asegurado que es un día "histórico", ha dedicado la ley a los científicos y ha celebrado que el texto haya salido de la cámara sin ningún voto en contra, lo que a su juicio debería ser lo normal "y no una anomalía".
La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha celebrado el amplio acuerdo cosechado por un proyecto que a su juicio responde a las demandas de la comunidad científica, y ha subrayado que la ley es "oportuna y consensuada" y ha sido mejorada gracias a las aportaciones que han realizado las principales sociedades científicas y los grupos parlamentarios.
A pesar del amplio acuerdo político, varias sociedades científicas han asegurado que ésta "no es la ley que España necesita" y han reclamado una revisión integral del texto o su retirada.
Mientras se debatía el proyecto, un centenar de personas se ha concentrado frente al Congreso -convocados por la sección de Comisiones Obreras en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas- para exigir, entre otras medidas, que las mejoras y avances que aprecian en la ley se extiendan al personal técnico y de gestión que interviene en la ciencia.
