¿Qué es?
El pin parental es el apelativo que la formación política VOX utilizó para dar nombre a su su propuesta educativa de 2018. Se trataría de una solicitud escrita en la que los padres se dirigen a los centros educativos para pedirles que les informen previamente- a través de una autorización expresa- sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones sobre la identidad de género, el feminismo o la diversidad LGTBI. Así es como define la medida el partido de extrema derecha en su página web.
Esta formación política fue la responsable de impulsar esta iniciativa que pretende asegurar que los progenitores puedan dar su consentimiento para que su hijo asista o no a cualquiera de estas actividades.
Origen del término
En su origen, el término pin parental hace referencia a una clave que ofrecen varias plataformas, como Netflix, a los padres para bloquear en el ordenador o en la televisión determinados contenidos por considerarlos inapropiados para sus hijos.
A pesar de que esta acepción sigue patente en la sociedad, VOX ha querido utilizar esta misma palabra para dar nombre a su propuesta educativa: un pin parental que permite a los padres de los estudiantes autorizar o no a sus hijos para que participen en actividades de los centros educativos.
La iniciativa del partido de Abascal surgió tras el descontento de algunos colectivos, entre los que se encontraba la organización civil ultraconservadora Foro de la Familia, con la participación de asociaciones LGTBI en actividades de los centros educativos, según explicaron a El País miembros de la comunidad educativa.
El partido de extrema derecha ideó por ello un formulario, que se encuentra publicado en su página web, para que los progenitores lo entregaran a los centros educativos de sus hijos. En este documento se expone que ante la "posibilidad" de que los hijos puedan ser "adoctrinados" en "ideología de género", el padre solicita al centro que informe previamente "a través de una autorización expresa" sobre cualquier actividad "que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad".
Opinión de los partidos sobre el pin parental
La formación de extrema derecha ha justificado en numerosas ocasiones la necesidad del ‘pin parental’. Una de ellas a través de su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, quien defendió dicha autorización como una medida "tan natural y de tanta libertad" que no se explica "cómo puede haber tanta polémica". También insistió en que "los padres saben mucho mejor que los profesores lo que es mejor para sus hijos".
Por su parte, la portavoz en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, llegó a afirmar que se hablaba de "zoofilia" y "parafilias" a los alumnos en los centros educativos. Incluso ella misma registró en julio de 2019 una petición a la Mesa de la Asamblea pidiendo una relación de colegios públicos y concertados donde Cogam (un colectivo LGTB+ de Madrid) había realizado acciones "informativas, formativas y de otra índole". Por su parte, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), aseguró que en la región no se estaban impartiendo adoctrinamiento.
Mientras tanto, el Gobierno mostró su desacuerdo con esta propuesta educativa. En palabras de la ministra de Educación, Isabel Celaá, el pin parental "vulnera el derecho fundamental constitucional de los niños y niñas a ser educados" y excede las competencias de los centros educativos. Por su parte, Pedro Sánchez también manifestó su “no al Pin parental” en enero de este año vía Twitter.
También se posicionó en contra de la medida educativa el Podemos, quienes en su página web definieron la propuesta de VOX como un “veto educativo”. “Creemos que la educación en derechos humanos y en respeto a la diversidad no se negocia”, añadió el partido de extrema izquierda.
Mientras tanto, la entonces portavoz de Ciudadanos en Murcia, Melisa Rodríguez, sostuvo que era compatible defender los derechos de los padres y de los hijos a tener una educación en valores democráticos y constitucionales. “Me niego a pensar que todo tiene que ser blanco o negro”, señaló la representante en declaraciones recogias por el diario murciano La Verdad.
Además, la medida de VOX suscitó polémica el pasado enero, cuando el partido de extrema derecha la incluyó como requisito para aprobar los presupuestos en la Comunidad de Murcia. Tras su aprobación, la ministra de Educación, Isabel Celáa, expresó en una rueda de prensaque el gobierno de Murcia tenía un mes de plazo para "restaurar la legalidad" y retirar el "veto parental" antes de que el Gobierno recurriera esta medida en los tribunales de justicia. Finalmente, las intenciones de la ministra se llevaron a cabo y la medida fue suspendida por los tribunales.