No existe normalización del fascismo ni ascenso al poder de una ideología totalitaria sin la colaboración incisiva de la judicatura. Los procesos de selección y de representación social que se dan en los órganos de los altos tribunales tienen un sesgo de clase alta y de ideología conservadora con tintes autoritarios que provoca que la deriva de sus decisiones hacia postulados reaccionarios sea la norma habitual en países donde no ha habido procesos efectivos de democratización judicial. Un proceso que es general en los países que han tenido regímenes autoritarios y que en España fue durante la Transición particularmente agudo y ha llegado a nuestros días. El paradigma de esa dinámica de legitimación de la ideología fascista por parte de los jueces aplicando ese sesgo se produjo en los años 20 en Alemania. La intelectualidad próxima al nazismo que Christian Ingrao retrató en 'Creer y destruir' y que sirvió mejor que nadie al ascenso del nazismo.
Durante la República de Weimar la judicatura alemana se sintió desplazada en su exclusividad de ejercer la autoridad dentro de la sociedad civil. Despreciaba profundamente a los políticos, ya que los jueces eran los únicos encargados de la autoritas por debajo del rey. Estaban acostumbrados a ejercer la justicia y aplicar la ley en nombre del rey, no del pueblo. La democracia era un impedimento a sus atribuciones y la inmensa totalidad de los jueces provenía de unos usos y costumbres guillerminos, autoritarios, de ideología ultrareaccionaria. Algo que se hizo ver en todas sus sentencias y que allanaron el camino del NSDAP a la hora de legitimar sus ideas y actuar a favor de sus intereses.
La judicatura en la época de Weimar era un cuerpo formado por personas que habían sido formadas para ser jueces durante la época de Guillermo II, sin ningún tipo de formación democrática y que llevaba sirviendo durante varias décadas en un estado monárquico autoritario. Tras la llegada de la democracia sin ningún tipo de reforma que garantizara la democratización del cuerpo se instauró en la Constitución la separación de poderes y la no posibilidad de injerencia política en la judicatura, blindando de facto a un cuerpo de jueces con usos autoritarios y que consideraba que las leyes emanaban de dios y que las que procedían del Recihstag eran leyes "bastardas". No debían lealtad a la democracia, sino al Reich. Un proceso que podrá sonarnos por la cercanía.
Las estadísticas de las actuaciones de los jueces en la República de Weimar no dejan lugar a la interpretación. En los dos primeros años del periodo democrático posguillermino, según números recogidos por Richard Grunenberg en 'La historia social del Tercer Reich', los jueces alemanes impusieron 8 sentencias de muerte y más de 177 años de prisión a izquierdistas implicados en 13 asesinatos políticos. Por el otro lado no impusieron ninguna pena de muerte, una cadena perpetua y 31 años de prisión a nacionalistas de derechas por su implicación en 314 asesinatos políticos. Según el estadístico Emil Julius Gumbel, con datos de 1919 a 1922 se produjeron 38 condenas a izquierdistas por 22 asesinatos con penas de cárcel de 15 años de promedio y 10 ejecuciones, mientras que para los acusados de derechas por 354 asesinatos políticos hubo 24 condenas, ninguna ejecución y cuatro meses de cárcel de promedio. La persecución de los jueces a todos aquellos izquierdistas que no fueran afines a los preceptos nacionalistas acusados de traición llegó a la prensa de manera intensa, como fueron los caso de Carl Von Ossietzky o Felix Fechenbach, condenados a años de cárcel por publicar informaciones sobre el rearme ilegal de Alemania. La percepción de la idea de patria de los jueces se hacía extensiva a la persecución penal. Los prejuicios y los sesgos de la judicatura no admiten demasiado debate con estas cifras.
Existía un concepto para expresar la conducta de los jueces en favor de los intereses del partido nazi: Selbtgleichschaltung o "ponerse en línea". Esta actitud se resume en una anécdota entre el titular del Tribunal Superior de Justicia de Leipzig y Adolf Hitler. Bumcke era un juez que no había sido especialmente afín a los postulados del NSDAP, pero tras una recepción con Adolf Hitler este le apretó la mano y le dijo: "Bumcke, tienes que ayudarme". A partir de ahí su proceder en la judicatura fue la de un fiel militante nazi, retorciendo las resoluciones para adaptarlas legalmente a los intereses del partido. Mismos procesos, tiempos distintos.
En España tenemos a unos jueces cada vez más posicionados en una ideología reaccionaria que se aproxima a los postulados de los de VOX. Los posfascistas de Abascal lo saben y por eso sus únicos éxitos políticos se deben a la judicialización de los procesos, su estrategia de lawfare tiene visos de triunfar porque existe una mayoría conservadora que considera plenamente aceptable el ideario antidemocrático de los de Abascal y están dispuestos a retorcer las normas para acercar la ley a los intereses espurios de los posfascistas. Las últimas decisiones judiciales expresando que la persecución racista es aceptable y que el estado de alarma puede recurrirlo aquel que votó a favor en el Congreso concurren con esa dinámica weimariana que acercó al mayor monstruo del siglo XX al poder. Los usos y costumbres son diferentes según la época y el país, pero los procesos de construcción del autoritarismo y de legitimación del fascismo son similares.
