Después de diversas suspensiones, el juicio por el llamado caso BPA (la desaparecida Banca Privada de Andorra que fue intervenida por el gobierno andorrano a instancias del tesoro norteamericano por un supuesto delito de blanqueo de dinero internacional) se ha iniciado con el interrogatorio de quien fuera su CEO, Joan Pau Miquel. Solo con su pormenorizada declaración se han acaparado los primeros 15 días de este juicio.
El caso BPA hizo temblar los cimientos financieros del país de los Pirineos. Hay quien pensó que el dinero presuntamente blanqueado procedía de gravísimos crímenes cometidos fuera de las fronteras andorranas. Por eso la Fiscalía andorrana, al albor y con la munición suministrada por la Fiscalía Anticorrupción española, construyó un argumentario acusatorio que ha llevado a 23 exdirectivos y extrabajadores del banco al banquillo de los acusados.
Sin embargo, la cosa se desinfla. Los antecedentes que justificarían su imputación en Andorra por un delito de blanqueo de capitales se han diluido hasta la inexistencia. Esta nueva situación sobrevuela el Tribunal de Corts y, sin duda, será relevante para la formulación de la eventual sentencia. Sin embargo, no es solo eso lo que va a resultar concluyente. Lo que se describe a continuación es extraordinariamente llamativo.
Estos primeros días de juicio se ha identificado a personas e instituciones que, directamente, mintieron ante los requerimientos judiciales. Curiosamente, son personas e instituciones que jalean y amparan a la acusación pública en detrimento del derecho de defensa de los imputados.
Veamos. El órgano de control bancario andorrano (INAF), negó la existencia de los documentos que evidencian que las gestiones financieras del BPA, año tras año, eran miradas con lupa y posteriormente aprobadas. Esos documentos, que resumen las reuniones de trabajo al respecto, dijo el INAF que no existían. Pero sí que existen. La defensa de Joan Pau Miquel presentó una de esas cartas, lo que provocó que el presidente del tribunal, el catalán Enric Anglada, reclamase con firmeza y urgencia todas esas documentaciones a la INAF. Esos documentos, indispensables para la defensa de los acusados y que justificarían que su actuación fue correcta porque así lo acreditó la propia INAF, mire usted por donde, de repente aparecieron. Los de la INAF se han escudado en que no los denominaban actas y que, por eso, no cayeron en la cuenta de su existencia cuando les fueron requeridos. En fin. Pocos son quienes creen la versión del controlador bancario que, todo sea dicho de paso, ha puesto toda su energía e infraestructura a disposición de la Fiscalía y, por lo que se ve, no a disposición de la verdad.
Así que los exgestores de la BPA actuaron bien, según el INAF. Ahora, cuando "los han pillao con el carrito del helao", se anuncia una querella contra el controlador financiero andorrano para que explique a qué criterio y a quién servía cuando mintió ocultando esos datos. No deja de ser una situación vergonzosa por la que el fiscal, Alfons Alberca, ha pasado de puntillas (pudo pedir deducción de testimonio contra el INAF, al ser el ministerio público garante de la legalidad en ese país, pero no lo hizo no sea que se quede sin la poca pólvora no mojada que le queda). Esas actas, documentos, o como quieran llamarlo, obran ya en el sumario, lo que supone una garantía de defensa argumentativa para los imputados.
Por cierto, imputados a los que se les cuestiona la puesta en marcha de las llamadas operaciones de compensación, (operaciones que hacían sistemáticamente todos los bancos andorranos y que daban por buenas los controladores financieros del país). Bien, pues esas operaciones de compensación que se sitúan en el punto de la acusación pública y privada del caso BPA, resulta que son consideradas, en otro sumario, como legales por el mismo abogado de la acusación particular que en el juicio de la BPA, con notable irreverencia, las considera ilegales y delictivas. Sí, es verdad que los abogados sirven a sus clientes y que el papel lo soporta todo. Pero no es menos cierto que la justicia debería ser ciega y justa, y rápida, y debería desenmascarar a los impostores y quienes la retuercen para hacerla coincidir con sus deseos.
Tengo la sensación de que alguien con poder político en Andorra sacrificó, con omisión deliberada y con una sobreactuación también evidente, el devenir de un banco (el BPA) quizás para proteger a otro más enraizado en la historia de los clanes y familias de aquel país.
Ese estatus quo político va a tener que digerir el lío fenomenal en el que se ha metido porque la verdad es tenaz y empecinada y la justicia tengo la sensación de que, aunque a veces no lo parezca, también lo es. Recuerden, un día se vio a Rodrigo Rato tocando la campanilla delante de multitudes, un poco después, entre multitudes también, se le vio enmanillado y camino de Estremera.
Tengo la sensación de que algunos políticos y expolíticos de Andorra van a necesitar omeprazol a cucharadas.
