El juez ha dejado en libertad (aunque mantiene por si acaso los cargos) a la joven italiana,detenida por los Mossos como presunta autora material del incendio a una furgoneta de la Guardia Urbana de Barcelona, en cuyo interior había un agente, durante los disturbios por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel. La joven, Sara Casiccia, ha pasado 20 días en la cárcel, acusada de tentativa de homicidio. Ahora, ha quedado en libertad porque un informe antropométrico presentado por su defensa siembra serias dudas sobre si Sara era o no la autora del lanzamiento del combustible, que prendió en la furgoneta.

O se ha producido el error antes, o se ha producido ahora, pero lo que está claro es que alguien se ha equivocado. Pongamos que Sara no fue la autora de esos hechos: ¿Quién asume, entonces, la responsabilidad por haberle robado 20 días de su vida a una inocente?. ¿La policía?, ¿el Fiscal?, ¿el Juez?, ¿nadie?. Cómo se está viendo, los Mossos están siendo la diana de furibundos ataques de los antisistema por el aparente error. Si éste se ha producido, deberíamos exigir responsabilidades porque el derecho cercenado de la libertad individual está muy por encima de la resignación o de la reclamada comprensión, respecto a lo que se puede considerar como un error profesional.

Pero, pongamos una mirada cenital al problema. Si ha sido un error, no solo debemos apuntar a la policía. Recordemos que Sara entra en la cárcel a petición del Fiscal (sin petición de parte, el juez no lo puede ordenar). Y el Juez, por su lado, compró los argumentos del Ministerio Público y dictó la cárcel para esta activista antisistema. ¿Por qué, entonces, no ponemos el foco también en sus señorías?

En no pocos casos, el Fiscal no compra los argumentos de la policía judicial. Por ejemplo, véase el caso de la reciente 'operación Volhov': la Guardia Civil imputa a unos independentistas graves delitos que, por lo que se ve, el Fiscal no ve acreditados en el atestado. No hubo petición de medida cautelar alguna. Todos los detenidos quedaron libres. En muchas otras ocasiones, es el Juez, ponderando los argumentos incriminatorios de la Fiscalía, quien tampoco ha asumido, cuando ha observado endeblez probatoria, los argumentos del Ministerio Público. Véase, en este sentido, el caso de Angela Dobrowolski, que cuando fue detenida por los Mossos por un presunto intento de homicidio y a pesar de que el Fiscal pidió su encarcelamiento preventivo, el Juez dijo que nanai.

Por lo tanto, en el caso de Sara Casiccia, si ha habido un error, la han cagado todos. Y todos deberían rendir cuentas, pero ninguno de ellos lo hará porque el sistema les ampara, les blinda y les protege.

Hace años, me dijo una juez de instrucción que, a veces, ella y muchos de sus colegas optan por llevar a juicio a un detenido, aunque, efectivamente, transcurrida la fase de instrucción la cosa no parece nada clara. "Ya lo resolverán en el juicio", me dijo aquella magistrada. Cruel argumento que demuestra que los servidores públicos togados, en el marco de un sistema de derechos y garantías, están. Y si no que se lo digan a la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que ordenó retirar las urnas y papeletas para que no se celebrase el referéndum del 1-O y que no cuestionó (por lo tanto) avaló, las brutales e inútiles cargas policiales de la Guardia Civil y del CNP. Los cuerpos policiales estuvieron y están en el disparadero, pero a la juez la cosa le salió gratis.