Mossos d'Esquadra: ¿nepotismo, clientelismo o se trata de corrupción?

El intendente de la División de Investigación criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra, Antoni Rodríguez, ha sido cesado y se encuentra pendiente de destino por haberse negado a informar a sus superiores de una investigación que llevaba a cabo contra el conceller de Interior, Miquel Buch, según fuentes conocedoras de las circunstancias que rodean el cese.

Rodríguez inició la investigación contra quien en 2019 era el conceller de Interior, Miquel Buch, por orden de la Fiscalía. Según el mandato del Ministerio Público, existían indicios de que Buch habría cometido un presunto delito de prevaricación y malversación al crear una plaza de asesor a un sargento amigo de Puigdemont que se encarga de su seguridad en Waterloo. Buch creó esa plaza tapadera pero, para no pasarse de presupuesto, tuvo que suprimir dos plazas de seguridad ciudadana de la comisaria de Ciutat Vella, el distrito más conflictivo y con peores datos de delincuencia de la ciudad de Barcelona.

El entonces comisario jefe de los Mossos, Eduard Sallent, presionó hasta lo indecible al intendente. Sallent quería saber qué habían averiguado los investigadores de la DIC con el obvio objetivo de reportar esa información a sus jefes políticos y, en cualquier caso, para dinamitarla.

Rodríguez amparándose en la ley se negó una y otra vez. El Departamento de Interior empezó entonces a cargar contra este mando policial. Se le acusó en la prensa afín de 'Baenizar' (Daniel Baena es el Guardia Civil que dirigió la investigación del procés), las indagaciones sobre Buch. La situación se tornó insostenible.

Tanto fue así que, por primera vez en la historia reciente de los Mossos, un mando del cuerpo pidió amparo ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). El magistrado, Carlos Ramos, que finalmente ha investigado (tras las averiguaciones pre procesales de la Fiscalía) al exconseller Buch y ha concluido el caso dejándolo pendiente de juicio, le concedió, a través de un auto, el blindaje, amparo y protección judicial que el policía solicitaba. Según ese auto ni se le podía cesar, ni cambiar de destino, ni se podían entrometer en sus averiguaciones.

Pero el caso ha llegado a su fin. Ese blindaje ha desaparecido y el intendente Rodríguez ha sido desterrado, en un acto de nepotismo reactivo de manual.

La independencia de una policía se mide por su capacidad de actuar con libertad y legalidad a la hora de llevar a cabo su trabajo. Una policía no politizada es síntoma de la buena salud de la sociedad a la que sirve y de la decencia de la clase política que la dirige. Pero una policía donde prima el clientelismo es una fatal noticia. Es una muestra de la gangrena de una institución y de la perversión de aquellos que la dirigen bajo el paraguas del partido.

Antes de redactar este artículo realicé varias llamadas. Una de ellas a un destacado alto mando de los Mossos que tiene por costumbre (le conozco desde hace más de 20 años) no casarse, ni con sus amigos. Y este policía me dijo lo siguiente: "Carlos, esto que vas a escribir sólo tiene un nombre... corrupción. Esa obediencia preventiva del policía lacayo (en referencia Sallent), es decir, plegarse al capricho del político, no es sino corrupción". Y no puedo estar más de acuerdo. De lo que ha sido y es víctima Rodríguez es un indicador de la maldad del sistema. Lo de Rodríguez, por otro lado, también es síntoma de que aún hay policías que se visten por los pies. No todos son obedientes preventivos. Lo de Rodríguez es una mala noticia, efectivamente, pero a la vez, ¡qué paradójico!, una ventana a la esperanza. ¿Será que la entrada en el 2022 me ha dado un remojón de optimismo? Ojalá.