La presión ejecutada por la Guardia Civil y la Policía Nacional en el Estrecho de Gibraltar (Cádiz) ha obligado a las principales organizaciones de narcotraficantes que operan desde el Magreb a modificar sus rutas de distribución y de desembarco de la mercancía en España.

La costa andaluza, especialmente la gaditana y la malagueña, está prácticamente monitorizada por las fuerzas de seguridad. En los cuatro años de duración de la llamada 'Operación Estrecho', que se puso en marcha en 2018, los agentes antinarcóticos han desarrollado decenas de operaciones que se han saldado con la incautación de 400 kilos de droga y con 2.500 de detenidos.

El narco, sobre todo el que se dedica a la importación de hachís marroquí, utiliza unas potentes lanchas ('gomas' en el argot), que aprovechan las marismas que provocan diversos ríos en su desembocadura o algunas recónditas zonas de la playa, para soltar la carga que, posteriormente y en camiones o furgonetas, se traslada a las llamadas 'guarderías'. Pero eso que parecía el pan nuestro de cada día en el sur de la península, ahora ha menguado y es manifiestamente más complicado actuar para los delincuentes.

Así, estas organizaciones han trasladado una parte del negocio a la zona de levante, comprendida entre el sur de Tarragona y Murcia, según fuentes policiales apuntadas por el digital Eltaquigrafo.com. En esa franja litoral se están sucediendo los desembarcos (en pequeña y mediana escala, de momento), de hachís.

La situación empieza a ser grave y altamente preocupante. No sólo por el aumento del tráfico, sino por todo lo que ello acarrea. En este sentido, fuentes de la lucha antidroga han explicado a El Muro de laSexta que la metástasis de la corrupción que lleva asociado el negocio ilícito de las drogas y que tanto se ha cebado en las poblaciones de la costa gaditana durante los últimos 30 años, ahora se están reproduciendo, casi de forma mimética en poblaciones, por ejemplo, cercanas al Delta del Ebro.

Según estas fuentes, las organizaciones de narcotraficantes están comprando locales, terrenos, pisos y aparcamientos en la zona levantina, desde los que, con apariencia de legalidad, implementar sus líneas de negocio (almacenaje, distribución, pisos franco, etc.). No solo esos: sino que también se han detectado los primeros sobornos y las primeras "contrataciones por horas" de ciudadanos sin antecedentes y muchos de ellos en el paro, para llevar a cabo tareas de desembarco de los fardos.