En la actualidad el 60% de las vacunas contra el COVID-19 está en manos de solo el 16% de la población. Los países ricos prevén vacunar al 70% de su población en verano de 2021, mientras que los países en vías de desarrollo cuentan con vacunar al 20% a finales de año. El reparto desigual de vacunas, además del obvio problema ético que representa, es también un problema sanitario global. Cuantos más contagios se producen, más oportunidades se le da al virus de mutar y así producir nuevas variantes. Si alguna nueva variante es resistente a las vacunas el mundo entero volverá a la casilla de salida. Así que, por ética o por egoísmo, las vacunas deben dar cobertura a todo el mundo.
Para acelerar el desarrollo de vacunas y garantizar su distribución equitativa en abril de 2020 se creó COVAX (Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19). La iniciativa, financiada por entes públicos y privados, está dirigida por la Alianza Mundial para las Vacunas y la Inmunización (GAVI), la Comisión Europea (CE), la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). La alianza COVAX se compone de dos grupos de países: los "autofinanciados", países que contribuyen con fondos para sostener el proyecto, y los "financiados", países más pobres que se benefician de la contribución de los primeros. Los financiados dispondrán de vacunas suficientes para cubrir desde el 10% hasta el 50% de su población a precio nulo o reducido, dependiendo de su contribución, mientras que los demás obtendrán vacunas suficientes para el 20% de su población. Los países ricos no podrán pedir más vacunas de las suficientes para el 20% de la población hasta que los demás países hayan vacunado a ese porcentaje de sus poblaciones. Esta era la idea original, sin embargo, alguna de las principales potencias económicas no ha apoyado la iniciativa y ha acaparado una importante cantidad de dosis. Los contratos entre gobiernos y farmacéuticas no son públicos, así que las cantidades y los precios firmados son desconocidos.
Una de las propuestas para salvar la situación es la suspensión temporal de las patentes, así lo ha reclamado el director de la Organización Mundial de la Salud y 170 personalidades en una carta pública dirigida al presidente de los EEUU. La Organización Mundial del Comercio (OMC), es la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre países y desde donde se podría tomar la decisión de liberar las patentes de las vacunas. Sin embargo, los gobiernos de Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido, Suiza y Japón, entre otros, se han opuesto alegando que liberar patentes no resuelve el verdadero problema, que es fabricar vacunas en laboratorios con potencia de producción, garantías sanitarias, materias primas de calidad y fuerte capacidad de distribución.
De nada servirá revelar la "receta" de las vacunas si la mayoría de los laboratorios no cuentan con suficiente experiencia, red de proveedores, capacidad logística y de producción. Otra de las limitaciones de la suspensión de patentes es que producir vacunas con tecnologías complejas e innovadoras como las de ARN mensajero (Moderna y Pfizer) está al alcance de muy pocos, requieren de recursos, personal experto e instalaciones específicas. Las vacunas más convencionales, como las del vector viral no replicante de adenovirus (AstraZeneca y Janssen) podrían copiarse en laboratorios más humildes, pero es posible que su capacidad de producción no aportase una cantidad de dosis significativa. A esto hay que sumarle que distribuir y conservar vacunas refrigeradas, algunas a temperaturas bajo cero, es inviable para la mayoría de países en vías de desarrollo.
Liberar una patente no significa que la vacuna sea gratis. De hecho, los medicamentos y productos sanitarios protegidos con patentes se liberan a los 5 o 25 años como máximo, tiempo suficiente como para que los laboratorios exploten el producto y se amortice la inversión en investigación. Una vez liberada la patente, otros laboratorios pueden fabricar los mismos productos, así surgen los genéricos, por ejemplo. El coste de producción y distribución no desaparece por arte de magia. Por eso los genéricos no son gratuitos, ni siquiera tienen que ser más baratos que el original.
Una de las alternativas a la suspensión de patentes es la cesión de licencias. La cesión consiste en que los laboratorios dueños de las patentes acuerdan con otros laboratorios competidores la fabricación de vacunas. De esta manera se garantiza que todos los laboratorios licitados cumplen los requisitos sanitarios y técnicos, y que se comprometen a acondicionar sus plantas a las exigencias. Esa es la fórmula que han encontrado las farmacéuticas para satisfacer la demanda de vacunas y llegar a cumplir los contratos. Así, Pfizer ha anunciado contratos de colaboración con competidores como Sanofi, Novartis o Bayer; Moderna cedió la licencia de fabricación a los laboratorios Rovi españoles, AstraZeneca al Serum Institute de India, etc. Liberar las patentes podría lastrar estos contratos, cuando lo que se pretende es que los grandes laboratorios establezcan alianzas para producir y distribuir cuantas más vacunas mejor.
Además de la cesión de licencias es importante garantizar rápido la distribución equitativa de vacunas, antes de que surjan variantes resistentes. La variante india del coronavirus está provocando un repunte de contagios y ya se ha detectado en Europa, por lo que es urgente cortar las vías de transmisión. Las vacunas están demostrando proteger de casi el 100% de las enfermedades graves, además de reducir la carga viral. Todo apunta a que las vacunas limitan la capacidad de contagio y por tanto restringen al virus sus oportunidades de seguir mutando.
Para garantizar que las vacunas lleguen a los países más pobres es necesario dotar de más recursos a COVAX, reservar una cantidad mínima de dosis y establecer mecanismos para que los excedentes lleguen sistemáticamente a los territorios más vulnerables. Para lograrlo, además de intención hace falta compromiso y conocimiento. Por eso la solución no es revelar la "receta", sino favorecer la fabricación y distribución de vacunas. No se trata de que la solución aparente ser piadosa, sino que sea la solución óptima, la que salve más vidas. Una pandemia es un problema global. Hasta que la cobertura vacunal no llegue a todo el mundo, ningún país, por muy rico que sea, estará a salvo.