No es ruido, es un olor desagradable y penetrante que llega hasta Bruselas. Ahora el origen está en el CGPJ y todo porque tras el bloqueo filibustero del PP, con la complicidad, comprometiendo al Jefe del Estado, del Presidente del TS, el Gobierno -el poder ejecutivo-, quiere proponer al Parlamento - el poder legislativo-, su reforma.

Una especie de tres en uno democrático frente a la actitud anticonstitucional de las derechas y la 'bunkerización' de algunos jueces en sus privilegios. No es baladí que los vocales nombrados por el PP en el CGPJ hayan forzado una reunión urgente del dicho órgano de gobierno, tampoco que no hayan ya dimitido todos, en bloque.

Se podría discutir, cómo no, si la reforma propuesta es la mejor, si es más adecuada al espíritu constituyente, más trasversal, pero en ningún caso sin tener en cuenta en el relato la actitud obstruccionista de esas derechas que no parecen perturbar en exceso ni al CGPJ ni a la mayoría de asociaciones de jueces.

Deberían explicar por qué una mayoría de 3/5, 209 escaños, con una mayoría absoluta de derechas, es mejor reflejo de la independencia judicial que otra absoluta, orgánica, de un conjunto de partidos, 193 escaños, que reflejan la voluntad popular expresada por una mayoría de ciudadanos.

También, por qué la reforma propuesta se parece a Polonia y Hungría, cuando, por cierto, en ambos casos, el PP se puso de parte de los liderazgos autocráticos e invasores de la separación de poderes de estos dos Estados a los que merodea el artículo 7 del Tratado UE.

El debate sería largo y hasta fructífero pero no resistiría la crítica a las dos reflexiones de sus señorías, apoyadas por la derecha. Primero, ataque al pluralismo: ¿acaso es más plural la mayoría de Mariano Rajoy, que aún hoy disfrutan, que la mayoría de la actual composición del Congreso?; luego, hablan de separación de poderes: ¿acaso se pueden doler de no separación, negando, al mismo tiempo, al poder legislativo que, como legislador orgánico, pueda modificar otra ley orgánica?

Los jueces y sus seguidores tumultuarios conceden que a los jueces los deben elegir los jueces, es decir, que se elijan ellos mismos y, si no, que los elija un amigo. Pero la separación, que quiere decir equilibrio, exige legitimidad. Los poderes ejecutivo y legislativo la traen de la voluntad popular ¿de dónde la traen ellos si no es de la ley? Ellos que no son un poder electo.

El azar ha querido que en estos mismos días sucedan las audiencias en el Senado de EEUU a la juez Barrett, nominada por el Presidente de la República, Trump, a una silla del Tribunal Supremo.

Cualquier juez federal estadounidense repetirá sin dudar que su legitimidad viene de un poder electo, es decir, que no siendo ellos, federales, jueces electos, la

nominación por parte del poder ejecutivo -el Presidente-, poder electo, (con la participación del poder legislativo -poder electo-, el Senado) es la que le confiere legitimidad democrática. Nadie se atrevería a decir, en la primera de las democracias, que se vulnera la separación de poderes. Los jueces estatales no dirían nada porque en su práctica totalidad son elegidos por el pueblo.

En esas estamos, en jueces jugando a política, sin ser electos , mientras, niegan la legitimidad a los poderes que fueron democráticamente elegidos por el pueblo.