Una ley para desmemoriados

Mi primer colegio se llamaba Colegio los Moros, su nombre de verdad no era mejor, Queipo de Llano, pero todo el mundo lo llamaba así. Con el tiempo supe de dónde venía lo de moros: Queipo pensó que el mejor destino para un colegio -que no había construido él-, era para que sanaran los moros de Franco.

Luego, otro colegio, en donde en las misas el cura pedía por el “obispo José María y el Caudillo Francisco”; en el Instituto no había misas pero los profes de gimnasia era falangistas y hacíamos instrucción. Y así poquito a poco me iba enterando.

Ya de zagal, corría con los amigos por las vías hasta Camas y orillábamos una tremenda cortijada: era Gambogaz. Una explotación modelo propiedad de un empresario republicano que incorporó los métodos más modernos en la entonces retrasada agricultura andaluza. Sus propietarios fueron expoliados por los vencedores y -capricho de Queipo-, se esforzaron en regalársela para sí y sus sucesores que aún la detentan.

En primavera, veía que algunas vírgenes que un día fueron del pueblo, procesionaban con fajines de generales golpistas; los nombres de Gonzalo y Genoveva, la esposa de Queipo, alcanzaban significado cristiano y cofrade, en manos de una sevillanía rancia y con poca fatiga de tener entre los suyos a quienes utilizaron la violencia, el terror, las violaciones, el robo y el expolio y burlaron no sé cuántos mandamientos más de la Iglesia.

Queipo era de Tordesillas pero conocía bien a una Sevilla atemorizada por su terror, por eso no dudó en apropiarse simbólicamente de sus tradiciones, sabía que contaría con la Iglesia. Franquismo y nacionalcatolicismo se apropiaron de la cultura popular. El mayor de los oprobios es que siga enterrado en la basílica de la más popular de las vírgenes, símbolo vivo de su despótico dominio.

En la represión simbólica deslumbra la exhibición de títulos nobiliarios, con Grandeza de España, por parte de un notable número de generales golpistas y, desde poco, la concesión, ya por Juan Carlos I, del Ducado de Franco y el Señorío de Meirás.

Se habla de la violencia física, de los asesinatos del franquismo; hay motivos: más de 50.000 fusilamientos en Andalucía, 700 fosas comunes. Pero poco se habla de las depuraciones, de la represión simbólica y prácticamente nada de la represión económica.

Maestros y maestras, médicos, jueces, arquitectos, funcionarios de todas las administraciones, empleados de Correos, ferroviarios. Concejales, diputados, alcaldes, todos fueron expedientados, inhabilitados, desterrados o asesinados, simplemente.

Y lo más desconocido, Franco, en la pronta fecha de 10 de enero de 1937, decretó la constitución de Comisiones Provinciales de incautación de Bienes. La rapiña franquista se nutrió de multas a troche y moche y un aluvión de incautaciones, fincas urbanas y rústicas, fábricas, sus maquinarias y acciones, enseres y muebles, semovientes, animales de todo tipo, cooperativas, rotativas y locales de periódicos, sedes de sindicatos y partidos, centros culturales. Y trabajo esclavo.

Según Fernando Martínez Lopez, Universidad de Almería, en Andalucía se incoaron 53.722 expedientes. Diez de cada mil andaluces fueron sometidos a represión económica, un punto por encima de la media del Estado.

La nueva Ley de la Memoria Histórica se espera haga algo más de justicia de la que hay; al menos, hará que piensen los desmemoriados.

Y mirar atrás por qué no y adelante, derecha e izquierda. El historiador Paul Preston lo ha recordado: cuando ha habido más corrupción en España ha sido con la dictadura de Primo de Rivera, la dictadura de Franco y la Gürtel. Ciertamente, España no respira ni duerme con sus derechas.