El exabogado de Unidas Podemos, José Manuel Calvente, está haciendo el agosto. E intuyo que, además, está amargando las vacaciones a Pablo Iglesias. Sorprende el silencio del líder de un partido al que acaban de imputar. Sorprende también el silencio cuando ese líder, además, es el Vicepresidente segundo del Gobierno. Si Soraya Sáenz de Santamaría llevara callada toda la semana, los propios miembros de Unidas Podemos, seguramente, lo estarían criticando.
El diputado de Unidas Podemos, Rafael Mayoral, ha sido el encargado de romper el silencio de los principales líderes de su partido. Después le ha seguido el secretario de Organización, Alberto Rodríguez. Han dado explicaciones para decir que la investigación del juez Escalonilla por un supuesto delito de malversación, es un esperpento y está cargada de imprecisiones y dudas sin resolver.
Han arremetido también contra el juez. Le acusan de dar forma a una causa penal sin que el denunciante aporte ninguna prueba. Lo cierto es que su declaración ante el juez, a la que ha tenido acceso laSexta, demuestra que muchas de sus afirmaciones se basan en rumores de la militancia y dimes y diretes.
Eso no quita para que podamos echar la vista atrás. Recuerdo que cuando el Partido Popular cargaba contra los magistrados del caso Gürtel o contra quienes destapaban la corrupción, desde Unidas Podemos se criticaba que se metieran con la justicia en vez de someterse a ella, ofrecer su colaboración y desear que todo se aclare.
Es curioso cómo los partidos políticos repiten algunos comportamientos y reacciones al margen de su signo político. Lo que se criticaba se convierte en la hoja de ruta. Porque también el Partido Popular pedía a sus rivales que respetaran la presunción de inocencia y los procedimientos judiciales. Algo que no han puesto en práctica estos días cuando el secretario general del PP, Teodoro García-Egea, incluso se ha apresurado a pedir la dimisión de Iglesias.
Al margen de las coincidencias en el comportamiento, lo que no parece comparable es la carga de los hechos. Habrá que esperar a que concluya la investigación, pero cabe recordar que la investigación del caso Gürtel acredita más de 20 millones de euros en contratos públicos amañados a favor de la trama, con la connivencia de algunos dirigentes del Partido Popular. Que sepamos hasta ahora, el Tribunal de Cuentas pidió explicaciones a Unidas Podemos por 400.000 euros en las elecciones de 2019.
Y luego está la coalición. Casi nada. Que como si no tuviera bastante con la gestión del coronavirus, con la aprobación de los presupuestos y con la salida del rey emérito, ahora también tienen que hacer frente a la sombra de la corrupción.
Con agostos como éste no hace falta esperar a ningún otoño caliente.