Pedro Sánchez ya acaricia sus primeros Presupuestos Generales del Estado. Las cuentas para 2021 tienen los apoyos necesarios para aprobarse sin ni siquiera haber terminado el trámite parlamentario. El anuncio del acuerdo entre ERC y el PSOE allana el camino para su aprobación definitiva antes de que acabe el año. Los de Junqueras han pactado, entre otras cosas, que el Gobierno acabe con el control financiero a la Generalitat vigente desde 2015 y el compromiso de que Hacienda estudiará de qué manera impedir que comunidades autónomas como Madrid supriman el impuesto de patrimonio, provocando una desigualdad entre territorios.

Los independentistas catalanes se suman al PNV, partido que también ha anunciado su voto a favor en las últimas horas después de pactar inversiones en Euskadi, y a Bildu, quien ha mostrado su clara disposición a apoyar las cuentas pero sin dar a conocer todavía ni una sola coma del acuerdo al que ha llegado con el Gobierno de Sánchez.

Con estos tres partidos nacionalistas, la coalición de PSOE y Unidas Podemos se asegura una mayoría de 179 votos a favor, votos suficientes para sortear los, como mínimo, 150 diputados que, previsiblemente, votarán en contra de las cuentas. Y esa mayoría de 179 será casi seguro más amplia porque el ministerio de Hacienda sigue negociando con más grupos parlamentarios que apoyaron la investidura como Más País, Compromís o Nueva Canarias.

Los independentistas catalanes ha avanzado su acuerdo en un claro intento por cortar el paso a Ciudadanos y sacar al partido naranja de la ecuación de los presupuestos. Desde el partido republicano creen que era importante actuar más rápido que Inés Arrimadas para no llevar las negociaciones con los socialistas hasta el último minuto y así evitar que la tensión y la presión jugaran en su contra.

En ERC aseguran que aunque siempre vieron un Pedro Sánchez dispuesto a pactar las cuentas con los socios de investidura, el PSOE ha pretendido jugar a varias bandas, contentando a quienes llevaron a la coalición a la Moncloa y, al mismo tiempo, reforzando las alianzas con Ciudadanos. De hecho, el PSOE sigue buscando la abstención de Cs y así tener los mínimos votos en contra posibles.

El preacuerdo de ERC con Sánchez no ha provocado aún que Cs abandone la mesa negociadora a pesar de que siempre han defendido que ellos son incompatibles con los independentistas y republicanos catalanes. Dicen que aguantarán hasta el final, intentando convencer a Sánchez de que debe elegirlos a ellos. Arrimadas empezó a recorrer un camino hacia el centro político durante el Estado de Alarma, apoyando varios decretos, con la única estrategia de convertirse de nuevo en un partido útil y abandonar la tierra de nadie en la que Albert Rivera había dejado a la formación. Con esta idea Ciudadanos emprendió la negociación presupuestaria. Pero hace un par de semanas endurecieron sus posiciones al poner encima de la mesa como condición que la definición del castellano como lengua vehicular no desapareciera de la Ley Celaá. El PSOE nunca se ha planteado rectificar en este asunto porque creen que no es necesaria esa acepción para asegurar el aprendizaje del castellano en todo el país. Y ahora Cs vuelve a estar en una encrucijada: Madrid o Cataluña. Apoyar unas cuentas para, como siempre han defendido, ayudar a que España salga de la crisis postcoronavirus o centrarse en cuestiones identitarias para hacer frente al independentismo catalán y conservar los votantes de la tierra en la que nacieron.

Si finalmente Arrimadas decide pactar con el PSOE y facilitar los presupuestos, tendrá que aguantar a Rufián diciendo: ¡bienvenidos a la izquierda!