Se llama Enrique Arnaldo. Es uno de los juristas pactados entre el Partido Popular y el Partido Socialista para la renovación del Tribunal Constitucional.
Su figura está rodeada de polémicas. Ha escrito decenas de artículos para la Fundación FAES de José María Aznar. Hace más de una década fue imputado en el caso Palma Arena e incluso apareció en pinchazos telefónicos de la Operación Lezo hablando con Ignacio González. Ejerció de abogado de Enrique López, consejero de Justicia de Isabel Díaz Ayuso, cuando fue detenido por conducir ebrio. Además, según ha publicado El País, su bufete de abogados ha facturado casi un millón de euros con administraciones del Partido Popular. Un pasado que pone en duda su imparcialidad.
Arnaldo se ha presentado en sede parlamentaria para defender su idoneidad en el desempeño del cargo, asegurando que es templado, prudente, honesto y comprometido con los valores constitucionales. Quita importancia al hecho de haber escrito artículos para Faes y dice que “eran debates abiertos, plurales, académicos y no políticos” y que “la imparcialidad no se pierde por haber pronunciado conferencias en una fundación o haber opinado en un foro. También se ha defendido de su imputación en el caso de corrupción Palma Arena asegurando que todo fue archivado y que debe respetarse la presunción de inocencia. “Cuando alguien acude a un juzgado y es exonerado de su responsabilidad no puede convertirse en un eterno sospechoso” ha sentenciado.
Lo más curioso ha sido la posición del Partido Socialista. A pesar de que ellos pactaron los nombres con el Partido Popular, han dejado claro que el de Enrique Arnaldo es un sapo que se tragan con poco gusto. Lo ha puesto de manifiesto el diputado Odon Elorza en su intervención. No ha escatimado en palabras para recordar su pasado y ha puesto encima de la mesa todo tipo de dudas sobre su imparcialidad. Para los socialistas “su candidatura genera desconfianza a la hora de garantizar independencia e imparcialidad” y además va en contra de “la recuperación de la confianza en la institución del TC”. Ha dicho incluso que Arnaldo acumula “sospechas de un claro partidismo político” por haber publicado “331 artículos de opinión pública muy ideológicos”.
Odón Elorza ha ido más allá y le ha hecho varias preguntas para ver si sus respuestas le convencían y le hacían cambiar de opinión. Directamente le ha preguntado si es militante del Partido Popular y ha abierto la puerta a que en el futuro tenga que ser recusado en determinados asuntos por sus discursos beligerantes contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Arnaldo se ha defendido como ha podido, sin bajar demasiado al detalle, entre otras cosas porque sabe que da igual lo que diga. El pacto Gobierno-PP está ya sellado y, salvo sorpresa mayúscula, todos los candidatos se convertirán en magistrados del Tribunal Constitucional.
Lo sorprendente es que el PSOE asuma un perfil como Arnaldo y que no oculte su disconformidad. Es más, desde la Moncloa, la portavoz Isabel Rodríguez ha dicho que ellos solo responden sobre los candidatos propuestos por el PSOE y que sobre el resto preguntemos en la ventanilla de Casado. Así que todos tenemos que asumir que lo de renovar los órganos constitucionales va de muchos sapos y poca independencia. El precio que hay que pagar porque se cumpla la manoseada carta magna.
