Es la pregunta que le hacen todos los grupos parlamentarios a Pedro Sánchez. Muchos de ellos, socios de investidura. Todos lanzan los mismos interrogantes: ¿qué va a pasar cuando decaiga el Estado de alarma el 9 de mayo? ¿hay alternativa? ¿cuál es?

Mañana el Presidente del Gobierno tendrá oportunidad de responder a estas preguntas. Comparecerá en el pleno de la Cámara Baja. Será su última vez antes de que el 9 de mayo acabe la excepcionalidad de vivir en alarmadesde el pasado octubre. Una excepción demasiado cotidiana.

Todos los partidos políticos coinciden en la reflexión de que dentro de 20 días la situación epidemiológica no cambiará demasiado y que las comunidades autónomas seguirán necesitando herramientas para frenar un virus que aún no habremos aplacado, incluso es posible que en esos primeros días de mayo estemos padeciendo las consecuencias de la Semana Santa. Es difícil pensar que, con el actual ritmo de vacunación, lleguemos al 9 de mayo con una inmunidad de grupo lo suficientemente favorable como para levantar las restricciones y permitir los libres movimientos entre territorios. Por eso los portavoces parlamentarios le han pedido hoy a Sánchez un Plan B.

El PNV asegura que va a tratar por todos los medios de que el estado de alarma no acabe el 9 de mayo. Entienden que el Gobierno no quiera someterse al desgaste de más votaciones en el Congreso, pero van a presionar para que ponga en marchan una prórroga provisional o una fórmula transitoria. "Algo", dicen, "hasta que llegue la vacunación más o menos masiva". Las comunidades autónomas no quieren quedarse al albur de lo que decidan los Tribunales Superiores de Justicia. Algunos, en ocasiones, han demostrado no defender la línea de los gobernantes tumbando algunas de las restricciones impuestas por los gobiernos autonómicos.

Desde el País Vasco temen quedarse sin herramienta para el toque de queda, la limitación de las reuniones de personas o cierres perimetrales. "Sin estado de alarma, todo lo que afecta a derechos fundamentales no será posible", alegan. Desde el PNV lamentan que Pedro Sánchez no haya hecho los deberes en todo este tiempo, armando una reforma jurídica que permita hacer frente al virus sin el Estado de alarma.

Es el mismo argumento que utiliza el Partido Popular. Pablo Casado lleva meses pidiendo al Gobierno que reforme las leyes orgánicas ordinarias para que den respuesta a situaciones de pandemia. Para Cuca Gamarra, portavoz del PP en el Congreso, es deleznable que Sánchez aún no haya atendido su propuesta. La postura del PNV y del PP es compartida por otros partidos políticos de diferente signo político que reclaman al ejecutivo un plan coordinado.

Es el caso de Joan Baldovi, portavoz de Compromis, quien ha pedido que se reúna la Conferencia de Presidentes para tratar el asunto y dar una respuesta unitaria a la salida del estado de alarma. También Iñigo Errejón comparte que es el Gobierno quien tiene que traer al Congreso una alternativa al Estado de alarma y pactar un acuerdo global entre todos los territorios.

Pocas cosas han suscitado una posición tan unánime en los últimos tiempos. Bildu teme que a partir del 9 de mayo impere la incertidumbre, el caos jurídico y la inseguridad social y reclama también un paraguas jurídico que permita a las CCAA poner en marcha las medidas necesarias.

Habrá que ver si finalmente Sánchez sucumbe a esta cascada de peticiones para que haya una alternativa. De momento, el Presidente del Gobierno se mantiene firme y cree que no será necesario ampliarlo porque, a su juicio, los territorios tienen herramientas suficientes para tomar medidas y fijar restricciones.