La condena del diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, y su posible inhabilitación le están causando a Meritxell Batet, la presidenta del Congreso, más problemas de los que ella misma desearía. Y ya tiene unos cuantos como tercera institución del Estado. El pulso entre el Tribunal Supremo y el poder legislativo dura ya 8 días y aún se va a prolongar más. El pasado día 14, el alto Tribunal mandó a la cámara baja el auto de ejecución con la sentencia impuesta al diputado Rodríguez por una delito de atentado a agentes de la autoridad.
Esa condena le imponía una pena de cárcel de un mes y quince días con la accesoria de inhabilitación para poder ser elegido como diputado durante el tiempo de la condena. Al mismo tiempo, en su auto, el Supremo hablaba de que esa pena de prisión podía ser conmutada por una multa de 540 euros. Multa que el diputado condenado se apresuró a saldar.
El escrito del Alto Tribunal generó diferentes interpretaciones desde el primer momento en la Presidencia de la cámara y en los letrados. La duda era si la pena de cárcel seguía activa una vez Alberto Rodríguez ya había pagado la multa y, por tanto, pagado por su delito. Y si la pena de prisión no estaba activa no se le podía inhabilitar. Esa es la postura que acabó imperando entre los letrados yasí lo plasmaron en un informe. Esa decisión de no retirar el acta a Alberto Rodríguez fue duramente criticada por el Partido Popular, Vox y Cs. Todos anunciaron escritos de recurso a la Junta Electoral Central e incluso al Supremo para informar de lo sucedido.
La tensión y el desconcierto van en aumento cuando el pasado miércoles, el Supremo manda un oficio a Meritxell Batet preguntándole la fecha de inicio del cumplimiento de la pena de inhabilitación del diputado condenado. Un oficio que, por si no había quedado lo suficientemente claro, marca el camino a la Presidenta del Congreso para que de inmediato ordene a Alberto Rodríguez que deje su escaño.
En un intento por debatir el asunto y encontrar un consenso, Batet convocó ayer una reunión extraordinaria de la mesa. Nada más lejos de la realidad. Ningún consenso. Eso sí, mucho debate. Casi tres horas de reunión que acabaron con las posturas enfrentadas entre la derecha y la izquierda e incluso, y lo que es peor, con una Presidenta del Congreso que no tiene claro lo que hacer. De un lado, PSOE y Unidas Podemos que insisten en que los letrados ya han dicho en un informe que no cabe retirar el acta a Alberto Rodríguez. Del otro, Partido Popular y Vox que tiene claro que la orden del Supremo es tajante y que se debe proceder a la inhabilitación.
Y en medio, Meritxell Batet, que la puso Pedro Sánchez pero es la Presidenta del Congreso y se juega su prestigio y el de la institución ante el incumplimiento o no de la condena de un órgano judicial como es el Tribunal Supremo. Por mucho que sus compañeros socialistas mantengan la postura de que la inhabilitación no cabe, la decisión es suya, porque es a ella a quien se ha dirigido Manuel Marchena, el Presidente de la sala de lo penal del Supremo. Y es a ella a quien pueden dirigir sus querellas grupos como Vox, que ya lo hicieron acudiendo al Tribunal Constitucional por la paralización de los plazos legislativos durante el Estado de alarma.
Batet, apoyada por los socios de coalición, ha decidido que pedirá al Supremo un informe aclaratorio sobre los efectos de su sentencia en la condición del Diputado Alberto Rodríguez. Quiere tener muy claro y acreditado lo que debe hacer antes de tomar una decisión, para que nadie pueda acusarla de dar pasos interesados o llevarla a los Tribunales.
Mientras tanto, Alberto Rodríguez sigue en su escaño. PP y Vox acusando a Batet de querer dilatar los plazos a propósito. Y no perdamos de vista a la Junta electoral central, que se reunirá la semana que viene y aún puede complicar más las cosas.
De nuevo, jueces y políticos peleando. Consecuencia seguramente de que los políticos no consigan poner orden en la casa de los jueces con el acuerdo del CGPJ. Así que los jueces optan por desordenar un poquito la casa de los políticos.
