PSOE y Junts siguen negociando un pacto que abra la puerta a la investidura de Pedro Sánchez. Fuentes del PSOE afirman que "habrá acuerdo" y reiteran que hasta el próximo 27 de noviembre, fecha límite para la investidura del líder 'socialista', "hay tiempo". El optimismo prima tras haber llegado a afirmar que las negociaciones estaban "encalladas".
El número tres del PSOE, Santos Cerdán, viajó el jueves a Bruselas para reunirse con el líder de la formación independentista, Carles Puigdemont, y aún continúa en la capital europea.
De hecho, PSOE y Junts han vuelto a intercambiarse documentos sobre el texto final de la amnistía. Entretanto, Puigdemont ha vuelto a dejarse ver en público, concretamente a las puertas del Parlamento Europeo y escoltado por Jordi Turull y Miriam Nogueras, donde ha afirmado que está "trabajando" y ha negado que fuera a dar una rueda de prensa.
Juristas y técnicos de ambas partes analizan la letra pequeña de un texto de compromiso, mientras Junts es consciente de la enorme expectación que genera este momento "de gran transcendencia política". La formación independentista, no obstante, ha manifestado su "buena voluntad" a laSexta y ha destacado que "no estarían en este punto" si no existiera.
Los escollos de la negociación
Sin embargo, las diferencias en la negociación de la amnistía no son solo técnicas. Hay diferencias políticas y cualitativas. Ahí podrían estar los flecos, ya que desde Junts mantienen el objetivo de la amnistía total, que no excluya a ninguno de los responsables del procés ni a los participantes en el referéndum del 1 de octubre.
Hay problemas de matices en cada palabra del texto de la amnistía, pero también obstáculos con nombre propio. Es el caso de Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont y su hombre de confianza. Está acusado de blanquear dinero para el narco Sito Miñanco y Puigdemont pretendía anmistiarle, mientras desde Sumar afirman que por ahí no pasan. "En ningún caso la corrupción puede ser amnistiada de esta forma. Lo saben unos y otros, esto es una línea que no vamos a traspasar", ha indicado la portavoz de la formación, Aina Vidal.
Otro asunto que explica el bloqueo de las negociaciones es el caso 'Volhov', la trama rusa ligada al procés. Por él, una veintena de independentistas están acusados de financiación irregular del procés a través del Gobierno de Vladimir Putin.
Sin embargo, los comunes han desvelado que el tercer obstáculo ya ha sido eliminado de la ecuación. Según fuentes de la formación, Junts ya ha aceptado que la expresidenta del Parlament, Laura Borrás, no podrá ser amnistiada tras ser condenada a cuatro años de cárcel por trocear contratos.
En este contexto, no se descarta que la investidura pueda ser en fin de semana. La mesa del Congreso ha habilitado todos los días que distan hasta el 27 de noviembre para que se pueda celebrar la investidura. Así, mientras el PSOE confía en que pueda seguir celebrándose la semana que viene, el calendario se estrecha.
Antes de anunciar la fecha de investidura, el PSOE debe llegar a un acuerdo con Junts, registrar la ley de amnistía y la posible calificación de dicha norma por parte de la Mesa del Congreso.
Acuerdo cerrado con ERC
Entretanto, el PSOE ya ha resuelto todos los escollos en la negociación con ERC. La formación independentista ha cerrado un acuerdo de investidura con los 'socialistas' que deja en manos de Junts la permanencia de Sánchez en la Moncloa. Además, este mismo viernes, ERC ha emitido un comunicado en el que ha informado de que su militancia ha avalado la ley de amnistía, abrir la fase resolutiva del conflicto político, el traspaso integral de Cercanías y los avances económicos y sociales acordados con el PSOE.
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