La alternativa para conducir un coche de cero emisiones que el Congreso ha rechazado subvencionar

Ante la situación actual de proliferación de Zonas de Bajas Emisiones en nuestras ciudades, que limitan la posibilidad de circular por muchas de ellas si no es con un vehículo electrificado, y la general necesidad de reducir los niveles de contaminación en nuestro país, una solución más que atractiva puede consistir en la conversión de vehículos de combustión en automóviles impulsados por sistemas de propulsión eléctricos.

Esta operación, conocida también como 'retrofit', goza de cierta popularidad entre usuarios de vehículos clásicos y permite, como decimos, continuar conduciendo nuestro automóvil de siempre, pero empleando fuentes de energía sin emisiones contaminantes locales. MINI, por ejemplo, a través de su programa Recharged, ya pone a disposición de los propietarios de una unidad de su modelo clásico la opción de sustituir su motor de combustión por un tren de potencia eléctrico.

En este contexto, durante la sesión del Congreso de los Diputados del pasado 9 de mayo, el Partido Popular presentó una proposición de ley para promover que el Estado ofrezca financiación a los ciudadanos para la transformación de vehículos a combustión en automóviles eléctricos. Se pretendía incluir una nueva disposición final en el Real Decreto-ley 29/2021, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito energético para la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables, que permitiera destinar una parte de los fondos europeos del Plan de Recuperación a la subvención de estas operaciones de 'retrofit'.

Ayudas económicas y facilidades burocráticas

La intención principal era establecer una línea de financiación que permitiera aliviar el coste de este tipo de transformaciones, las cuales se presentan como una alternativa más para reducir el total de emisiones contaminantes derivadas de nuestro tráfico rodado. Sin embargo, la iniciativa no se quedaba ahí, sino que pretendía ofrecer un marco normativo más favorable para estas conversiones.

Así, también incluía la propuesta de establecimiento de un plazo de seis meses al Gobierno para que este adopte medidas oportunas dirigidas a agilizar estos procedimientos de conversión de automóviles de combustión en otros que empleen un sistema más ecológico, como un tren de potencia eléctrico, incluidos los alimentados mediante pila de combustible.

El Partido Popular defiende que es necesario elaborar un sistema de certificación y homologación más eficiente, que al mismo tiempo no pierda de vista los requisitos mínimos en términos de seguridad para este tipo de transformaciones. Consideran los representantes de este partido que actualmente los ciudadanos y profesionales se encuentran con demasiadas trabas burocráticas al intentar abordar estas conversiones. Hasta la fecha, este tipo de modificaciones se rigen por el Real Decreto 866/2010, por el que se regula la tramitación de las reformas de vehículos.

Sin embargo, esta propuesta de modificación normativa no logró la aprobación de una mayoría de representantes de la Cámara Baja de nuestras Cortes Generales. De los 332 diputados presentes en el Congreso durante la votación, tan solo 100 votaron a favor de esta propuesta del Partido Popular, que no fue aprobada debido a que hasta 162 votaron en contra. Los 70 representantes restantes se abstuvieron.

Cabe apuntar que en algunos países de nuestro entorno sí se han implementado normativas de una naturaleza similar a la propuesta del PP. En Francia, sin ir más lejos, hace ya unos tres años que el Estado modificó la regulación relativa a este tipo de modificaciones, con el objetivo de simplificar los trámites y fomentar que se llevaran a cabo en mayor número, e incluso se ofrecen distintas subvenciones de hasta 3.000 euros.

Eso sí, el modelo francés no está exento de limitaciones, como la imposición de determinados kits homologados para sus trenes de propulsión, los cuales en ningún caso podrán superar la potencia entregada por el motor original, así como una antigüedad mínima de 5 años para que un automóvil pueda someterse a este 'retrofit'.

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