DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS

La UE aprueba las nuevas tarjetas de discapacidad y de aparcamiento

El Consejo de la Unión Europea ha aprobado las medidas después de llegar a un acuerdo con el parlamento el pasado mes de febrero.

Tarjeta europea de aparcamiento para personas con discapacidad

Tarjeta europea de aparcamiento para personas con discapacidadCOUNCIL UE

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Las personas con la condición de discapacidad tenían problemas para salir de sus países. Hasta ahora, no era reconocida esa condición en el extranjero, por lo que no podían acceder a condiciones especiales y trato preferencial.

El pasado 8 de febrero, el Consejo de la Unión Europea y el parlamento europeo llegaron a un acuerdo para crear unas nuevas tarjetas de discapacidad y de aparcamiento, garantizando la igualdad de acceso a condiciones especiales o trato preferencial a las personas con discapacidad durante las estancias cortas en toda la UE, como tarifas de entrada reducidas o nulas, acceso prioritario, asistencia y plazas de aparcamiento reservadas. Ahora, el Consejo de la Unión Europea ha aprobado ambas directivas, y cada vez está más cerca su entrada en vigor.

La Tarjeta Europea de Discapacidad servirá como prueba reconocida de discapacidad en toda la UE, otorgando igualdad de acceso a condiciones especiales y trato preferencial en servicios públicos y privados, como el transporte, acceso a centros culturales, de ocio, y recintos deportivos.

Nuevas tarjetas europeas para personas con discapacidad
Nuevas tarjetas europeas para personas con discapacidad | COUNCIL UE

Las autoridades de cada país serán las responsables de expedir las tarjetas a los ciudadanos, y que sean en un formato accesible. También incluye a ciudadanos de países que no sean de la Unión Europea, pero que residan legalmente en alguno de los estados miembros.

¿Cuándo se podrán usar?

Todavía habrá que esperar algo de tiempo para que se pueda hacer uso de estas tarjetas. La normativa entrará en vigor en cuanto se publique en el Boletín Oficial de la UE. A partir de este momento, se abre un proceso en el que ya dependen cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea.

Primero, tendrán un plazo de hasta 2 años y medio para adaptar su legislación para las dos nuevas medidas, y, en un plazo máximo de 3 años y medio, deberán aplicarlas.

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