Canarias y Baleares podrán solicitar la restricción de vehículos contaminantes en sus islas

Las instituciones miran ya a la movilidad del futuro, donde los vehículos más contaminantes tendrán cada vez menos peso. En España, las Comunidades Autónomas insulares (Baleares y Canarias) podrán solicitar al Estado el establecimiento de restricciones a la circulación de turismos y furgonetas contaminantes en su territorio, según recoge el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

El documento apunta que tanto Baleares como Canarias tendrán la posibilidad de solicitar la puesta en marcha de medidas de promoción de la movilidad limpia, así como la restricción de la circulación en su territorio de turismos y furgonetas contaminantes.

El Gobierno de España y el de Islas Baleares ya alcanzaron a finales del pasado mes de noviembre un acuerdo en relación con la Ley de cambio climático y transición energética regional que contemplaba la suspensión del calendario balear de prohibición de vehículos diésel desde 2025.

Este acuerdo, alcanzado en el marco de la Comisión bilateral de cooperación convocada para resolver las dudas de constitucionalidad de algunas disposiciones de la norma, recogía la suspensión de dicha prohibición, puesto que esta es "una competencia estatal". Pero el Gobierno, en línea con la Comisión bilateral con Baleares, se comprometió a tener en cuenta las singularidades del hecho insular cuando se regule sobre este asunto en el entorno nacional.

El acuerdo alcanzado incluía la suspensión del calendario previsto en la disposición adicional tercera de la ley balear, que preveía la prohibición de la circulación de los vehículos diésel en las islas desde enero de 2025 y de los vehículos que no estén libres de emisiones en enero de 2035.

Objetivos para 2030

En el conjunto del país, se establecerán objetivos de penetración de vehículos con "nulas o bajas emisiones" directas de dióxido de carbono para el ejercicio 2030 en el conjunto del parque automovilístico español.

Tanto la Administración General del Estado como las comunidades autónomas y las entidades locales llevarán a cabo acciones e iniciativas orientadas a conseguir para 2050 "un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2".

Los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares introducirán en la planificación de ordenación urbana medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad, entre las que se encontrarán el establecimiento de zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023, así como medidas de impulso a los desplazamientos a pie, bicicleta y otros medios de transporte activo y se fomentará el uso de medios de transporte eléctricos privados, incluyendo puntos de recarga, así como la movilidad eléctrica compartida..

También tendrán que desarrollar acciones de mejora y uso del transporte público, para la electrificación de la red de transporte público y de utilización de otros combustibles sin emisiones de gases de efecto invernadero, como el biometano.