El ejecutivo de Pedro Sanchez afirma que ya se trabaja en este proyecto
El Gobierno confirma la llegada del pago por uso de autopistas y autovías
El pago por uso de las autopistas y autovías de nuestro país es ya una realidad plausible tras la confirmación por parte del Gobierno de la llegada de un sistema de tarificación por uso.
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Las autopistas y autovías de nuestro país representan una de las infraestructuras más importantes para la movilidad por carretera, vertebrando el territorio y permitiendo recorrer largas distancias con seguridad y rapidez. Sin embargo, también suponen una importante fuente de gastos para las arcas públicas, que cada año debe destinar miles de millones de euros para un sostenimiento que cada vez resulta más complicado y costoso.
Se llevaba tiempo hablando de la llegada de un nuevo sistema de tarificación para las autopistas y a autovías españolas, un nuevo sistema que el Gobierno de Pedro Sánchez ya ha confirmado. Ha sido el secretario general de Infraestructuras del ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Sergio Vázquez, el que ha confirmado que el Gobierno ya está trabajando para implantar "un sistema de tarificación".
Según declaraciones de Vázquez, "no tiene sentido que haya este vacío y que el mantenimiento y la conservación de la infraestructura se siga sufragando con los impuestos de todos los españoles". Este problema comenzará a resolverse entre finales de 2023 y principios de 2024, cuando se espera que esté lista la primera fase del nuevo sistema de tarificación, un sistema que, aparentemente, se considerará una especie de "peaje blando" que se solventará con el pago de una cuota fija que permitirá utilizar las vías rápidas de todo el país.
Un sistema en el que los coches viejos pagarán más
Tal y como ya se ha comentado en varias ocasiones, el sistema de 'viñeta' que ya está presente en otros países de nuestro entorno es el más propicio para representar a la "primera fase" de este proceso, aunque en una fase posterior es posible que el sistema de tarificación se transforme en un sistema de pago por uso que, según el proyecto en el que trabaja el Gobierno, tendrá en cuenta criterios económicos, ambientales y de impuestos para establecer el coste por kilómetro dependiendo del vehículo en cuestión.
Esto significa que cuanto mayor sea el potencial contaminante de un vehículo (un potencial para el que variables como la antigüedad o el tipo de combustible que utiliza son básicas) mayor será el coste por kilómetro que tendrá que afrontar su conductor.
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