UN PELIGRO PARA LA SEGURIDAD VIAL
La ITV que aprobaba a coches con más de 10 defectos graves
Las inspecciones de ITV cumplen un papel fundamental en cuanto a la seguridad vial. Por eso, el rigor y la exigencia en su trabajo son básicos. Cuando una de estas dos premisas deja de cumplirse, suceden cosas como ésta...
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Las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) en España desempeñan un papel crucial en la seguridad y mantenimiento de nuestro parque automotriz. Estas revisiones periódicas garantizan que los vehículos circulen en condiciones óptimas, minimizando riesgos para los conductores y la comunidad en general. La ITV abarca aspectos fundamentales, desde la eficacia de los sistemas de frenos hasta la emisión de gases contaminantes, asegurando que cada vehículo cumpla con los estándares establecidos por la ley. Más allá de ser un requisito legal, la ITV se erige como un pilar en la prevención de accidentes, favoreciendo una movilidad más segura y sostenible en nuestras carreteras.
A nadie se le escapa el hecho de que las ITV son también una suerte de "negocio", generando generosos ingresos anuales, tanto que en muchas comunidades autónomas las licencias de las estaciones de ITV se han privatizado. ¿Qué sucede cuando las cosas no funcionan como deberían en una ITV?
En una operación reciente la Policía Nacional ha logrado desmantelar una red criminal que operaba entre Santomera (Murcia) y la población alicantina de Crevillente, dedicada a la manipulación fraudulenta de inspecciones técnicas. La magnitud de la estafa es notable, ya que según los datos que manejan las autoridades, en los últimos dos años cerca de 5.000 vehículos habrían pasado la ITV de manera irregular.
La investigación llevada a cabo por la Policía Nacional ha culminado con el arresto de 13 personas, siete de las cuales formaban parte del personal de la estación de ITV investigada. La red, además de realizar inspecciones técnicas fraudulentas, operaba a través de dos empresas de compra-venta de vehículos que estaban vinculadas a la trama delictiva. El líder de la organización actuaba como intermediario entre talleres locales, la estación de ITV de Santomera y una empresa de compraventa de vehículos en Crevillent. Dichas empresas adquirían vehículos con deficiencias graves o sin documentación adecuada, con el propósito de matricularlos en España para su posterior venta.
Las actividades del cabecilla incluían, además de supervisar inspecciones fraudulentas en la ITV, cobrar a los propietarios por obtener resultados favorables y falsificar documentos. Para sortear las inspecciones de vehículos en mal estado, el líder de la trama utilizaba un lector OBD, que proporciona acceso a la centralita del coche y permite la lectura del sistema de emisiones, posibilitando así la manipulación de los resultados.
Los delitos imputados a los detenidos abarcan una amplia gama de cargos, desde pertenencia a organización criminal hasta delitos contra la Administración pública, falsedad documental, estafa y delitos contra la seguridad vial.
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