UNA SENTENCIA EJEMPLAR
Madrid pierde y tendrá que anular miles de multas en su Zona de Bajas Emisiones
El caso de Sergio, vecino de Villaverde, marca un antecedente muy relevante para otros conductores multados reiterada e injustamente por una normativa dudosa e irritante.
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Vivan en Madrid o no, acudir al centro de la capital en coche se traduce en agobio, si no miedo, para muchos conductores españoles que, desde hace años, ven lastrada su libertad de movimientos con su medio de transporte particular. Y es que, sólo el año pasado, el ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida impuso 720.000 denuncias por acceder a las Zonas de Bajas Emisiones de la metrópoli con un distintivo ambiental de la DGT no apto para ello.
En 2023, muchas de esas multas se produjeron consecutivamente (sigue siendo así), pues hay usuarios que desconocen la normativa, sobre todo aquellos que residen fuera de la ciudad y ya no digamos de la Comunidad. Basta con salir de una ZBE y volver a entrar "sin permiso" (sin la etiqueta adecuada o sin estacionar en un parking público) para que se gestione automáticamente una nueva infracción. Sin embargo, existe un caso que ha puesto al Gobierno de esta urbe contra las cuerdas.
Sergio es un vecino de Villaverde, al sur de Madrid, que recibió hasta 30 denuncias en dos semanas por llevar a su hijo al hospital. Pese a haber abonado varias de ellas, el hombre reclamó con ayuda profesional esta serie de sanciones injustas, fruto de una ordenanza o un reglamento confuso y dispuesto con desidia, además de evidente afán recaudatorio. Ahora, un juzgado local ha dictaminado que estas infracciones reiteradas debieron tramitarse como una única acción.
Y es que, según el artículo 63.3 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando existe una primera sanción, el resto de multas derivadas del mismo hecho cabe en el mismo expediente, ya que se trata de una "infracción continuada". Esta sentencia tan ejemplar sienta un precedente al que se están acogiendo miles de afectados, cuyos recursos habrán de ser atendidos por la administración madrileña. De lo contrario, se trabajará judicialmente.
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