Más radares privados: la estrategia anti-velocidad se amplía tras cinco años funcionando en carreteras francesas

La seguridad vial en las carreteras es una de las mayores preocupaciones de la DGT. Uno de los mayores peligros que ponen en riesgo esta seguridad son, sin lugar a dudas, los excesos de velocidad. Este problema es el causante de más de un tercio de los accidentes de tráfico, con 12.330 personas muertas en choques relacionados con este motivo en 2021.

Ante esta circunstancia, la Dirección General de Tráfico establece algunas medidas de seguridad, como es el caso de los radares. Estos dispositivos, encargados de determinar la velocidad de un vehículo, suelen instalarse de forma fija en algunos puntos de las carreteras nacionales o, en algunas ocasiones, se les hace entrega a los agentes para manejarlo de forma móvil. Aunque en algunos casos como en Francia, la cosa va más allá.

Hace cinco años, por 2018, el Gobierno francés tuvo la ocurrencia de conceder a una empresa privada la capacidad de ponerlos en marcha. ¿El problema? Estos radares no se instalaron en las carreteras directamente, sino que se situaron en el interior de coches particulares, una medida que ha dado mucho que hablar entre los conductores franceses.

Francia pretende acelerar en su polémica medida anti-velocidad

El Ejecutivo francófono pretende doblar el número de este tipo de radares de cara a 2024, una decisión que no ha gustado mucho a los ciudadanos de nuestro país vecino. Actualmente, estos 'radares privados' se encuentran operativos en ocho regiones y hay 223 presentes los siete días de la semana en todo tipo de carreteras.

La mejora en la seguridad vial y la falta de agentes son algunos de los argumentos que el Estado dio para aplicar el despliegue de este peculiar sistema. Un sistema que ha aumentado de manera significativa las denuncias por exceso de velocidad en las carreteras francesas. De hecho, un estudio sitúa la recaudación en 94 millones de euros.

El principal problema que se presenta en este método es que quienes conducen estos vehículos no son ni policías ni agentes de seguridad, sino que se trata de conductores contratados de forma externa que no siempre cumplen las normas de tráfico y cuyas condiciones laborales no son las mejores. Es más, los automóviles encargados de portar estos radares muchas veces se encuentran en pésimas condiciones, con más de 300.000 km en el cuentakilómetros o con los neumáticos lisos. 

Estos vehículos tienen una ruta fijada por mediación de un GPS, por lo que es el propio sistema quien detecta cuáles son los límites de velocidad de cada tramo. Atendiendo a las explicaciones del Gobierno galo, estos radares tienen un margen de 10 km/h para límites de velocidad inferiores a 100 km/h y de un 10 % para límites de velocidad superiores a 100 km/h.

¿Aplicable en España?

Si esta medida no ha sido de tu agrado, tranquilo, en España este sistema no es legal, pues ni la DGT ni cualquier otro servicio de tráfico nacional recurren a empresas externas para gestionar denuncias por infracciones de tráfico o controlar la velocidad.

Según recoge la Ley de Tráfico, "la regulación, ordenación, vigilancia y disciplina, por medio de agentes propios, del tráfico en las vías urbanas de su titularidad, así como la denuncia de las infracciones que se cometan en dichas vías y la sanción compete a los ayuntamientos".