Miles de señales de límite de velocidad podrían ser ilegales: el problema de la DGT

La seguridad vial es cosa de todos, y para ello contamos con una serie de herramientas que los conductores y usuarios de las diferentes vías utilizamos a diario. Son muchas las administraciones que trabajan a diario para que los accidentes de circulación tengan consecuencias cada vez menores, y el número de vidas que se cobren sea lo más pequeño posible.

Seguro que ya lo sabes, pero por si acaso te lo recordamos: en unos días -a partir del próximo 11 de mayo- los límites de velocidad en terreno urbano cambian, de manera que el límite de velocidad genérico en ciudad pasa de estar situado en los 50 km/h a rebajarse a unos más conservadores 30 km/h, velocidad que aún se reduce más hasta los 20 km/h en vías de plataforma única.

La llegada de nuevos límites de velocidad traerá consigo un periodo de adaptación en el que muchos conductores superarán de manera inconsciente el nuevo límite al estar acostumbrados a los límites anteriores, momento en el que las señales viales serán nuestras mejores aliadas a la hora de recordarnos las nuevas disposiciones viales.

Como es lógico, la llegada de un nuevo límite de velocidad trae consigo la actualizaciones de decenas de miles de señales de tráfico, que deben mostrar los nuevos límites. Sin embargo, según alerta Asociación de Fabricantes de Señales Metálicas de Tráfico, Afasemetra, puede que el proceso de adaptación no se esté llevando a cabo de la manera correcta.

Y es que según Francisco Cano, presidente de Afasemetra, en muchas localidades la actualización de las señales viales está consistiendo en la colocación encima de los símbolos actuales láminas retrorreflectantes con la nueva velocidad, una práctica que, en palabras del presidente de la asociación, “puede no cumplir con las medidas mínimas de seguridad vial que se deben exigir”.

Este hecho supone un problema muy grave para la DGT, que está obligada a colocar señales viales adaptadas a la legalidad vigente. De lo contrario, podrían producirse situaciones de peligro o, incluso, que algunos conductores reclamasen a la administración competente en caso de recibir una sanción por exceso de velocidad.