El peaje de las autopistas, ¿aplazado?

2021 está a punto de despedirse, y con él algunas de las medidas más polémicas de los últimos años. Seguro que sabes a qué nos estamos refiriendo: la propuesta del ejecutivo central de aplicar un nuevo tipo impositivo al uso de todas las vías rápidas de nuestro país. En línea con otros países de nuestro entorno y, sobre todo, en línea con las exigencias llegadas desde la Unión Europea para poder acceder a los fondos de recuperación del COVID, España tiene entre sus planes la creación de un nuevo peaje por uso de las autopistas y autovías nacionales.

Hemos hablado en numerosas ocasiones de esta propuesta, que, previsiblemente, contará con dos fases de aplicación. En la primera se utilizará el modelo de pago único, una suerte de "tarifa plana" que serviría para poder utilizar todas las autopistas y autovías de manera ilimitada durante un periodo de tiempo concreto, bien sean semanas, meses o todo un año. Posteriormente este modelo evolucionará a otro más avanzado, con lectores de matrículas que permitirían un pago por uso más específico, estableciendo una tarifa por kilómetro dependiendo de cada vehículo y sus características.

El peaje de las autopistas, paralizado

Las previsiones más optimistas del Gobierno hablaban de comenzar a aplicar este nuevo sistema tarificación a finales del año que entra ahora, 2022, aunque todo apunta a que el Gobierno va a intentar retrasar la entrada en funcionamiento de estos peajes lo máximo posible. Son muchos los motivos que han obligado al Ejecutivo Central a tomar esta decisión: desde la falta de consenso político hasta las discrepancias incluso dentro de los propios miembros de la corporación.

Por si fuera poco, hace unas semanas la Patronal de Transportes por Carretera amenazó con la convocatoria de una huelga durante las semanas festivas de Navidad, lo que hubiese supuesto un auténtico caos en cuanto a transporte y logística. De esta manera, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha aplazado la presentación del proyecto, que en principio no vería la luz incluso hasta la próxima legislatura, según han informado fuentes de la Administración.

Los plazos que maneja la Administración son, de cualquier manera, bastante ajustados: según el propio documento enviado por el Ejecutivo a la UE, el modelo debería estar diseñado antes del 30 de junio de 2022 de manera que su aprobación definitiva tuviese lugar antes del 31 de diciembre de 2023, una fecha que juega en contra del Gobierno actual si tenemos en cuenta que la actual legislatura se extingue en noviembre de 2023.

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