La petición para "salvar" a más de un millón de coches de las restricciones

Las restricciones de circulación en España están tomando un papel cada vez más relevante, especialmente en las ciudades con más de 50.000 habitantes. Estas medidas, impulsadas por la necesidad de reducir los niveles de contaminación y mejorar la calidad del aire se condensan en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), diseñadas para limitar el acceso de vehículos más contaminantes, especialmente aquellos que no cuentan con etiqueta ambiental de la DGT, como los clasificados con la categoría A (vehículos diésel anteriores a 2006 o gasolina antes del 2000).

En Madrid, estas restricciones han comenzado a afectar de manera clara a muchos conductores. Desde julio de 2024, los vehículos sin etiqueta que no estén registrados en el municipio están siendo multados si circulan por la capital, con sanciones que pueden llegar a los 200 euros. A partir de enero de 2025, las restricciones se endurecerán aún más, y los coches de clasificación ambiental A, incluso si están registrados en Madrid, también estarán sujetos a prohibiciones, con pocas excepciones como los vehículos matriculados como históricos o aquellos adaptados para personas con movilidad reducida.

Esta situación ha provocado una petición de moratoria para más de un millón de vehículos que se verán afectados por estas medidas, ya que muchos propietarios no tendrán tiempo ni recursos para adaptarse antes de la fecha límite. La petición de esta moratoria en relación con las restricciones de circulación en Madrid está impulsada por la Asociación de Automovilistas Europeos (AEA), una moratoria que tiene como objetivo aplazar o suavizar la aplicación de estas restricciones para dar más tiempo a los propietarios a adaptarse o buscar alternativas.

En juego la movilidad de más de 1 millón de conductores

Uno de los principales motivos detrás de esta petición es que muchos de los vehículos afectados pertenecen a personas con menos recursos, que no pueden permitirse el lujo de comprar un coche nuevo o más eficiente desde el punto de vista medioambiental. Además, la moratoria busca también evitar una disrupción demasiado agresiva en el parque de automóviles de la ciudad, que podría traducirse en un aumento de la demanda de transporte público sin la infraestructura adecuada para asumir esa carga adicional.

El problema es que las restricciones actuales se basan en la clasificación medioambiental de la DGT, que penaliza a los vehículos más antiguos independientemente de su estado o del uso limitado que puedan tener. Esto ha generado un debate en torno a la necesidad de una mayor flexibilidad en la normativa pero, a pesar de ello, la moratoria aún no ha sido aprobada por las autoridades, que siguen insistiendo en la reducción de la contaminación y el cumplimiento de los estándares europeos de calidad del aire, con el riesgo de enfrentarse a multas de la Unión Europea si no se alcanzan los objetivos propuestos.

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