UN PROBLEMA MUY HABITUAL
¿Qué es un "coche okupa", cuántos hay en España y por qué la DGT quiere terminar con ellos?
Ciudadanos y Tráfico están hartos de que haya miles de automóviles abandonados en vías públicas y aparcamientos privados. ¿Cómo solucionarlo?
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Seguro que has escuchado alguna vez el término "okupa", vinculado a temas bastante polémicos en nuestro país, pero ¿qué hay de los "coches okupa" que le quitan el sueño a la Dirección General de Tráfico y multitud de conductores? En esencia, se trata de un grupo de vehículos que han sido abandonados en la vía pública, y también en recintos privados, sin que su propietario o heredero se haga cargo de ellos, lo que implica varios inconvenientes para autoridades locales, vecinos y/o dueños de los lugares donde se hallan estacionados por tiempo indefinido.
Actualmente, se calcula en las calles de toda España hay cerca de 50.000 automóviles "olvidados", a los que hay que sumar 20.000 más en urbanizaciones, garajes, hoteles, aeropuertos, hospitales, centros comerciales y otros sitios que no pertenecen a la administración de una nación, una comunidad autónoma o un municipio. Por lo tanto, es una proporción ínfima sobre el parque móvil, pero que causa problemas en cuanto al aparcamiento y la rotación de vehículos. Además, tampoco generan ningún tipo de "beneficio" para las arcas públicas en términos fiscales y esto molesta mucho al Estado.
Al margen de cualquier afán recaudatorio, la DGT pretende poner fin a la inactividad y la dejadez de estos productos que, en casi todos los casos, ya no pagan el impuesto de circulación y pueden llegar a provocar congestiones en ciertos barrios o complicaciones por falta de salubridad al acumular mugre, entre otras contrariedades. Así, la solución propuesta para reducir los perjuicios pasa por agilizar la retirada y el desguace de tales coches en CAT a través de una reinterpretación del artículo 106 de la Ley de Tráfico.
Evidentemente, la medida en cuestión tiene en cuenta la comprobación previa de que cada unidad está realmente abandonada, avisando con anterioridad a sus propietarios mediante una orden de traslado que tiene el plazo de 30 días naturales. De este modo, cualquier ciudadano puede alertar a la DGT, aunque sea indirectamente, por medio de la policía local de su municipio, para que un "coche okupa" libere una plaza de parking, sea pública o privada, en muy poco tiempo.
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