Ocho países encabezados por Francia e Italia se rebelan contra la Euro7

El país galo encabeza la lista de países que se oponen a la implementación de las nuevas normas de emisiones conocidas como Euro7 que pretenden nuevos límites mucho más restrictivos y la introducción de nuevos sensores de monitorización. Programado para 2025, el malestar ha ido incrementándose durante los últimos meses especialmente entre los fabricantes de automóviles, algo que finalmente también ha traspasado las fronteras de la industria y ha escalado hasta cotas gubernamentales.

Francia ha sido uno de los países más importantes entre los ocho que han firmado el documento en el que se oponen a "cualquier nueva regla sobre emisiones de escape", uniéndose al mismo también Italia, que ya en el pasado se mostró en boca de sus representantes de Gobierno en contra a estas nuevas medidas. Otro de los países clave es República Checa, a la cual se unen Rumania, Bulgaria, Polonia, Hungría y Eslovaquia.

La firma de dicho escrito supone que prácticamente una tercera parte de los 27 miembros que componen la Unión Europea hayan mostrado su oposición a la introducción de esta serie de normas mucho más restrictivas que pretende la Euro7. Queda por conocer si habrá nuevas naciones que se adhieran a la misma, o si, incluso con estas ocho ya es suficiente para al menos posponer la adopción de dicha propuesta de la UE, e incluso pedir su revisión antes de aprobarla.

El pasado 29 de diciembre, la primera ministra de la República Italiana, Giorgia Meloni dejó una declaración contundente en su rueda de prensa de final de año acerca de la prohibición de los motores de combustión interna a partir del año 2035:"No lo considero razonable, lo considero profundamente dañino para nuestro sistema de producción. Me parece que hay una convergencia bastante transversal en esto a nivel italiano y pretendo utilizar esa convergencia para plantear la pregunta con fuerza”.Posteriormente, sería Alemania la que se sumaría a estas palabras.

Esto no era más que una demostración de que los gobiernos de algunas de las naciones que cuentan con fabricantes de mayor peso dentro de la industria motriz no eran ajenos a la preocupación de dichas compañías. Carlos Tavares, CEO del Grupo Stellantis fue uno de los más claros en uno de sus últimos discursos, apuntando a que las medidas del Euro 7 iban a contribuir a un daño importante en el tejido de la industria automotriz y que no se conseguiría un impacto positivo significativo en materia de medio ambiente. Skoda fue incluso más allá y cifró la posibilidad de que con su introducción se perderían 3.000 puestos de trabajo.