Nacho Cano ha cargado duramente contra la Policía tras haber sido detenido por contratar presuntamente a inmigrantes en situación irregular para su último musical en Madrid, 'Malinche'.
El cantante ha acusado a los agentes de ir a por él por ser "amigo" de Isabel Díaz Ayuso. "La Policía actúa con impunidad sacando las cosas de contexto para buscar una acusación, para ir a por mí, por la única razón que apoyo a Ayuso. No hay ninguna otra razón", aseguraba tras ser puesto en libertad después de prestar declaración.
El Ministerio del Interior ha reaccionado a estas acusaciones defendiendo y reivindicando el trabajo y la profesionalidad de la Policía Nacional como "garante de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, especialmente los más vulnerables".
De esta forma, fuentes del Ministerio del Interior han señalado a laSexta que la Policía "tiene el reconocimiento unánime de la sociedad en cientos de homenajes públicos", recordando que es una institución imprescindible para garantizar el progreso y la libertad en nuestro país. Además, ha destacado que con su labor ha contribuido "a la consolidación de la democracia".
Un momento que ha aprovechado para recordar que la profesionalidad y vocación de servicio público de sus más de 74.000 hombres y mujeres han convertido a la Policía Nacional en una de las instituciones "mejor valoradas de España".
Por su parte, desde el sindicato Jupol también han querido defender la honorabilidad de la Policía Nacional y la integridad de cada uno de sus miembros ante las declaraciones de Nacho Cano, que han calificado de "inaceptables".
Laura García, portavoz de Jupol, ha señalado que la Policía debería ser "absolutamente neutral y no instrumentalizada a través de cargos de libre designación". "No se puede politizar una institución de todos los españoles a través de filtraciones interesadas", ha indicado.
Una intervención que ha finalizado asegurando que ellos creen en "el Estado de Derecho, la separación de poderes y la presunción de inocencia".
¿De qué acusan a Nacho Cano?
El compositor está acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores y, según fuentes policiales a laSexta, del "favorecimiento de la inmigración ilegal".
Si estas acusaciones siguieran hacia adelante podría enfrentarse a una pena de entre dos y cinco años de cárcel para el primer delito de favorecimiento de inmigración ilegal y para el segundo de seis meses a seis años de cárcel.
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