El proyecto del arquitecto Norman Foster de abrir una sede en Madrid que acogería parte de sus fondos ha chocado con la rigidez de la normativa urbanística.
El pasado 8 de noviembre, el Ayuntamiento de Madrid anunció que la Fundación Norman Foster instalaría su sede en un palacete del distrito de Chamberí, donde se celebrarían actividades relacionadas con la arquitectura, el urbanismo, el diseño y el arte.
El Gobierno de Ana Botella aprobó ese día un Plan Especial de acuerdo al proyecto planteado por Foster para el palacete, que data de 1902 y tiene una superficie de 1.704 metros cuadrados.
Según informó el consistorio, las obras de reestructuración, que tratarían de recuperar los elementos protegidos, supondrían "una oportunidad para recuperar una pieza del patrimonio histórico de la ciudad" al devolver al palacete su "esplendor original".
Hasta ahí, todo fue bien para el proyecto del arquitecto británico, que después obtuvo el informe favorable de la Comisión Local de Patrimonio Histórico. El problema llegó cuando tocó revisar el proyecto en la Comisión de Patrimonio que integran la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento.
En esta comisión no se aprobó la idea del equipo de Foster de abrir huecos en el inmueble para colocar una pasarela, puesto que estas soluciones funcionales "restaban, con su excesivo protagonismo, la importancia que debe mantener el inmueble".
El fallo fue positivo, pero con prescripciones obligatorias que modificaban el proyecto. Según el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, la propuesta de Foster revisada por el Ayuntamiento era "adecuada, respetuosa y razonable, pero hubo una persona a quien no se lo pareció".
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