La Fiscalía pedirá la detención de Luis Rubiales si no regresa de República Dominicana, según ha podido saber laSexta. Hasta el momento no hay una orden de detención contra el expresidente de la RFEF dado que las autoridades conocían que no se encontraba en España, si bien han decidido trasladarle la citación judicial como investigado cuando vuelva.

En caso de que Rubiales no regrese con brevedad, exponen desde el Ministerio Fiscal, pedirán su detención. No obstante, confían en que el expresidente de la RFEF retorne a España con motivo de la investigación por la que hoy se ha registrado su casa de Granada.

La investigación parte del contrato con Kosmos -la empresa de Gerard Piqué-, que se llevó 24 millones por mediar en la organización de la Supercopa en Arabia Saudi, pero se ha ampliado a otros contratos entre 2018 y 2023, aunque las fuentes no han desvelado cuáles porque las diligencias están secretas. Lo que sí han precisado es los delitos que se investigan: corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales. En total, se han registrado 11 domicilios repartidos en distintas provincias.

Los registros se están practicando en el marco de una pieza separada y secreta dentro de la investigación que gira en torno al citado contrato para el traslado de la Supercopa. En dicha pieza separada, abierta hace más de un año y declarada secreta, la magistrada cursó una comisión rogatoria a Andorra para obtener información de diferentes cuentas bancarias.

Fuentes de la investigación han explicado a laSexta que la operación se ha producido porque la jueza de Majadahonda había pedido reiteradamente documentación a la RFEF que no había sido satisfecha. Así, la UCO ha decidido practicar el registro para requerir la información y finalmente ha ejecutado siete detenciones: cinco en Madrid y dos en Granada.

Entre estos arrestos, el de un hombre de confianza de Rubiales, el asesor jurídico externo de la Federación de Fútbol, Tomás González Cueto. Otros de los detenidos son los directores de Servicios Jurídicos y de Recursos Humanos de la Federación, Pedro González Segura y José Javier Giménez, respectivamente.

Se trata, no obstante, de detenciones policiales ordenadas por la UCO durante los registros para que no eliminen pruebas. No son detenciones ordenadas por la jueza, por lo que podrían ser puestos en libertad en cuanto acaben las diligencias y ser citados posteriormente en el juzgado o permanecer a disposición de la Guardia Civil y ser trasladados al juzgado en un plazo máximo de 72 horas.

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