El pleno municipal de Barcelona ha aprobado por mayoría la proposición del PDeCAT (rechazada por el PP y Cs) que pide la dimisión del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, como máximo responsable de la actuación policial de la final de la Copa del Rey el pasado sábado 21.

En aquella ocasión, los agentes desplegados en el Wanda Metropolitano de Madrid por el partido que enfrentaba al FC Barcelona y al Sevilla FC requisaron material y prendas de color amarillo de los aficionados.

El líder del PDeCAT, Xavier Trias, ha tachado de vergonzosa la actuación del Estado, ha asegurado que el PP permite la vulneración de derechos universales, la Constitución española y la europea, y ha advertido de que estas acciones policiales son una "fábrica de independentistas" y que todos los partidos deberían defender la democracia y la libertad de expresión.

Cacheos previos a la final de la Copa del Rey

En la misma línea, el concejal de BComú Jaume Asens ha tildado de ofensiva la política del Ministro de Interior que, según ha dicho, es "responsable político de los heridos del 1 de octubre, de los encarcelados y de la actuación policial de la Copa del Rey", y ha sentenciado que en un Estado de Derecho no se debe castigar la libertad de expresión.

La concejal de ERC Trini Capdevila ha manifestado que "las imágenes del día del partido de la Policía retirando camisetas amarillas son imágenes de otros tiempos", ha reprochado que el Estado siente demofobia y criminaliza un movimiento cívico y pacífico, y ha lamentado que esta aprobación no conllevará la dimisión de Zoido.

Montse Ballarín (PSC) ha asegurado que los ciudadanos "se merecen un ministro responsable, que trabaje y que no avive más el fuego de la confrontación", ha trasladado el compromiso de su partido por la libertad de expresión y ha criticado la actitud de Zoido, que, según ha dicho Ballarín, no dio explicaciones tras la actuación policial durante la Copa del Rey y se escudó en los cuerpos policiales.

La afición del Barcelona en el estadio Wanda Metropolitano, en Madrid, antes de comenzar la final de la Copa

La concejal de la CUP Eulàlia Reguant ha añadido que su voto favorable a la dimisión de Zoido también responde a las actuaciones policiales durante el 1-O, que el Ministro defendió como proporcionales, y ha reivindicado que "este caso es un ejemplo más de cómo funciona la lógica policial".

El concejal no adscrito, Gerard Ardanuy (Demòcrates), ha tachado de lamentable la actuación gubernamental y ha dicho que "lleva a la ciudadanía a reflexionar sobre el significado de libertad de expresión".

Por el contrario, la concejal de Cs Marilén Barceló ha asegurado que la actuación policial siguió la ley, que la retirada de camisetas amarillas responde a la Ley contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, y ha dicho que "el deporte debe estar desvinculado de la política y debe sumar en vez de restar".

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El líder del PP en Barcelona, Alberto Fernández, ha asegurado que "es mentira que se confiscaran camisetas amarillas por el color, se hizo por los lemas", ha sostenido que desde el independentismo se han manipulado los hechos y ha pedido respeto por todos los himnos y banderas.

El pleno también ha aprobado una proposición con contenido de declaración institucional de la CUP de apoyo a los Comités de Defensa de la República (CDR) y a "sus acciones de desobediencia y resistencia civil y no violenta", que ha contado con los votos de PDeCAT, ERC, BComú, la CUP y el concejal no adscrito, y los votos en contra de Cs, PSC y PP.

Maria Rovira (CUP) ha asegurado que los CDR ejercen la "resistencia civil activa y no violenta a pesar de la violencia criminal de un Estado superado", y el teniente de alcalde Jaume Asens ha asegurado que las causas abiertas contra activistas soberanistas busca deslegitimar las razones de origen de las movilizaciones y generar miedo.

"Los CDR son la marca blanca de la CUP, y la peor marca blanca de Batasuna que podemos conocer", ha asegurado Fernández (PP), mientras que la líder de Cs, Carina Mejías, ha afirmado que la proposición quiere legitimar la violencia política de los CDR contra aquellas personas que piensan diferente con ataques a sedes de partidos, en sus palabras.

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