Abengoa mueve ficha para intentar frenar su crisis. El presidente de la compañía asume todas las funciones ejecutivas tras la dimisión del hasta ahora consejero delegado, que pasa a ser director general de Abengoa Yield, su filial en EEUU.
Una filial que ahora pretenden vender para huir del desmoronamiento de la matriz. Para ello, han encargado a J.P. Morgan que busque nuevos socios industriales y capacidad financiera.
Según el Gobierno, el dinero público en juego en esta empresa asciende a 415 millones de euros, sin contar su deuda con Bankia.
Aseguran no haber tomado ninguna decisión de momento porque es importante, dicen, conocer la "situación real" de la compañía. El ministro De Guindos ha afirmado que existen limitaciones: "Cualquier actuación del ICO será una actuación constructiva, teniendo en cuenta también que existen limitaciones de la normativa europea de ayudas de Estado".
Aun así, el Ministro de Industria confía en un acuerdo no muy lejano: "Que se pueda encontrar una solución entre la empresa y los acreedores porque es una empresa muy importante".
Desde Andalucía, su presidenta Susana Díaz, ha pedido que los bancos no permitan la quiebra de la empresa: "Este país se endeudó para ayudar al sistema financiero y ahora el sistema financiero en España tiene que dar la cara en un momento de dificultad en una empresa que no solo tiene solución sino que tiene futuro".
Tras anunciar el preconcurso de acreedores, Abengoa perdió más del 70% de su valor en bolsa en tan solo dos días. Fue expulsada incluso del Ibex35. Sin embargo, ha sabido poner freno a esta situación y volvió a cerrar la sesión con un subida del 15,87%.
A partir de ahora, Abengoa tiene un plazo de cuatro meses para negociar con las entidades a las que debe capital. Todo para evitar una posible quiebra que podría dejar en la calle a más de 6.000 trabajadores en España.