Elvira Murcia, dependiente severa a causa de la enfermedad conocida como "huesos de cristal", ha acudidoal Congreso para entregar 250.000 firmas en defensa de la ley dependencia porque, según ha dicho, la situación "es realmente desesperante".
La mujer ha afirmado que los políticos del PP demuestran con los recortes en sectores como el de la dependencia que "no tienen corazón" porque si lo tuvieran no traspasarían el peso de la crisis a los colectivos más vulnerables. "La situación es realmente desesperante con tanto copago, repago y recortes en prestaciones", ha señalado.
Elvira, quien va en silla de ruedas, ha indicado que actualmente recibe una prestación mensual de 286 euros, una cantidad que antes de que el Ejecutivo reformara la ley de la dependencia en julio del pasado año ascendía a 337 euros. "Evidentemente soy una privilegiada porque vivo con mi madre y gracias a eso puedo sobrevivir, pero me sería muy complicado poder mantener los gastos que tengo yo sola debido a mi enfermedad", ha subrayado la mujer.
A la convocatoria también han asistido la portavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez, la diputada de esa formación Rosa Aguilar y el diputado de UPyD Toni Cantó.
El presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, en sus declaraciones a los medios ha hecho hincapié en que las 250.000 firmas entregadas tienen como objetivo pedir al Congreso que obligue al Gobierno a cumplir la ley de la dependencia.
Según sus cifras, cada día desde que gobierna Mariano Rajoy hay 148 personas que pierden el derecho a ser atendidas y diariamente hay cuatro beneficiarios menos del sistema. "Es inadmisible que detrás de un eufemismo como la sostenibilidad se encuentre un ataque a los derechos humanos de las personas más vulnerables", ha dicho Ramírez, quien ha considerado que no hay "cosa de mayor antisistema que no cumplir las leyes".
Ramírez ha asegurado que el Gobierno a través de tres reales decretos que tiene pendientes de aprobar subirá el copago de los dependientes y obligará a todas las comunidades autónomas a aplicarlo.