Pocas veces se ve a sindicalistas unidos a sus jefes. Pero en el caso de la empresa de seguridad lucense, Alcor, es así. Se unen en contra de la Diputación de Lugo, que quiere rescindir sus servicios para vigilar dependencias administrativas.
La Diputación alega que la empresa, amparándose en la Nueva Reforma Laboral, ha empeorado las condiciones laborales, algo que Alcor niega totalmente. Asegura que no se han bajado salarios, que sólo se han quitado horas extras y pluses.
Y para el Comité de empresa, no hacer horas extras es una ventaja. Y aunque los representantes sindicales de la compañía están de la mano del empresario, para los trabajadores afectados, horas o pluses, son igualmente dinero que no perciben.
Sus honorarios con la empresa que tenía antes la concesión y aseguran que en la anterior un vigilante medio cobraba 1516 euros, mientras que en la actual, 1202. La empresa dice que incluso han puesto a un vigilante más del que exigía la Diputación.
Y el Comité de empresa asegura que, gracias al acuerdo que hubo con su jefe, Alcor sigue existiendo. Y que en esta época de crisis, dicen, es mejor apretarse el cinturón y no perder el trabajo.
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