Este 1 de enero entran en vigor los Presupuestos Generales del Estado de 2021, los primeros desde los de 2018, las últimas cuentas diseñadas por el exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro, que han sido las más longevas de la democracia tras 910 días en vigor.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ya ha publicado el texto de la ley presupuestaria, así como del decreto ley con medidas urgentes para modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Ambas normas están relacionadas, dado que los Presupuestos contemplan un techo de gasto histórico para el Estado de 194.456 millones de euros que incluye un total de 26.634 millones con cargo a los 140.000 millones que España espera recibir de la Unión Europea en los próximos seis años.
La consignación de ese adelanto en las cuentas públicas permitirá que desde principios de año se pueda trabajar en la gestión de esos recursos europeos, con independencia de cuando se reciban efectivamente y cuya ejecución prevé agilizar la norma para la modernización de la administración.
Las cifras en las Cuentas públicas
El pago de las pensiones se lleva 39,6 euros de cada cien de los presupuestos consolidados (que incluyen Estado, Seguridad Social y organismos autónomos), la principal partida con un total de 163.297 millones.
Las pensiones contributivas suben el 0,9 % y las no contributivas el 1,8 %, mientras que el salario de los funcionarios aumenta el 0,9 %.
La recaudación de impuestos se prevé que suba un 13 %, hasta 222.107 millones, de los que 6.085 millones provendrán de las nuevas medidas fiscales, incluidos los impuestos sobre determinados servicios digitales y sobre transacciones financieras que entrarán en vigor el 16 de enero.
Entre las incluidas en el PGE, la subida al tipo general del 21 % del IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas, y el incremento en dos puntos del tipo del IRPF para rentas del trabajo superiores a 300.000 euros y en tres puntos para rentas del capital superiores a 200.000 euros.
La reducción máxima en el IRPF por aportaciones a planes de pensiones individuales baja de 8.000 a 2.000 euros, en tanto que se incrementa del 6 al 8 % el impuesto sobre las primas de seguros.
Se eleva al 3,5 % el tipo máximo del impuesto de patrimonio para las fortunas de más de 10 millones de euros, mientras que en el impuesto de sociedades se reduce del 100 al 95 % la exención de tributación de dividendos y plusvalías de filiales en el exterior.
El indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) -que sirve para calcular ayudas sociales, becas y subsidios- sube el 5 %, hasta 564,73 euros, y el ingreso mínimo vital (IMV) aumenta un 1,8 % al estar vinculado a la evolución de las pensiones no contributivas.
Modernización de la Administración
El Gobierno calcula que reducirá alrededor del 50 % los plazos de tramitación de los fondos de la UE con esta norma, que contempla también la reordenación del personal dentro de cada ministerio de forma incentivada.
La ley, que eleva la concesión de anticipos al 50 % del proyecto, agiliza la tramitación de convenios administrativos y licitaciones, elimina para las subvenciones la autorización previa del Consejo de Ministros hasta un límite y permite liberar a las comunidades autónomas los fondos de una sola vez.
Además, da prioridad absoluta de tramitación a los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (PERTE), aquellos con gran capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía, con un componente innovador y tecnológico muy elevado.
Más Noticias
La compra de viviendas se dispara un 41,5% y logra su mayor cifra desde hace 17 años
Los ERTE valencianos por la DANA suman 37 más y llegan a 1.436, y los de extinción son 15
¿Es un buen momento para cambiar de hipoteca variable a fija? Los expertos responden
Endesa compra a Acciona 626 MW de activos hidroeléctricos en España por 1.000 millones
Bruselas eleva la previsión de crecimiento de España al 3% para 2024 y al 2,3% en 2025
El máximo órgano de gobierno de los fondos europeos será la Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, integrada por todos los miembros del Consejo de Ministros, cuatro secretarías de Estado (Economía, Hacienda, Presupuestos y Derechos Sociales), la Secretaría General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda y la oficina económica de Presidencia del Gobierno.
