El ayuntamiento de Madrid sigue negándose a participar en una negociación con los trabajadores de la limpieza mientras que las calles de la capital siguen llenándose de basura. El equipo de Ana Botella minimiza la suciedad y dice que todo se debe a actos de "guerrilla urbana".
Los madrileños han tenido que esquivar un día más la basura que se acumula en sus calles. Es el tercer día, y ya están hartos."Esto es un desastre y además es denigrante. No lo entiendo", ha comentado uno de los madrileños afectados. Pero todavía hay quien entiende a los trabajadores: "Trabajan un montón de horas para el poco sueldo que tienen. A todo ello se añaden los despidos", ha comentado una madrileña.
Un operario de la limpieza cobra entre los 900 euros de un jardinero y los 1.100 de un basurero. Según los sindicatos, las empresas planean una reducción salarial del 40%, lo que les dejaría con 600 €. Además, de los aproximadamente 7.000 trabajadores del sector, el ERE anunciado afectará a 1.134 trabajadores, un 16% de la plantilla.
"Es una masacre, si a un trabajador que cobra 1000 euros le quitas 300 puede llegar incluso a perder su casa", ha declarado Jesús Ángel Belvis, responsable de limpieza viaria de CCOO en Madrid. Su homólogo en UGT ha añadido: "Tanto si nos despiden como si nos dejan el salario será el mínimo interprofesional y estaremos en riesgo de exclusión social".
Ana Botella ha preferido estar en un segundo plano, pero desde el Ayuntamiento han hablado de 'guerrilla urbana'. "Han convertido una protesta legítima en actos de guerrilla urbana y sabotaje, en algunos casos", ha afirmado Diego Sanjuanbenito, concejal de medio ambiente.
Mientras, en otras calles más emblemáticas de la capital, la huelga no se nota tanto. "Ayer pasó un camión y recogió algo", ha comentado un vecino. Sin embargo, a pocos metros, la realidad es muy distinta.
Por los efectos de la DANA
Los ERTE valencianos por la DANA suman 37 más y llegan a 1.436, y los de extinción son 15
El secretario autonómico de Empleo, Antonio Galvañ, ha valorado la "agilidad del Consell a la hora de resolver administrativamente los expedientes que protegerán a 18.000 personas trabajadoras".