El Govern de Baleares ha iniciado el proceso de expropiación temporal de uso de 56 viviendas de grandes tenedores para destinarlas a alquiler social, 27 de ellas en Mallorca, 23 en Menorca y 6 en Ibiza, por un coste previsto de 1,8 millones de euros.
La presidenta del Ejecutivo balear, Francina Armengol, ha defendido en Antena 3 la medida en tanto que "posibilita que viviendas que estaban en desuso, cerradas, de grandes tenedores, puedan pasar a disposición de gente que lo necesita". La socialista ha asegurado que en estos tiempos tan "complicados" destinar estas propiedades a alquiler social "es una política adecuada".
Armengol ha afirmado que esta decisión es "pionera", aunque deviene de la Ley de Vivienda balear de 2018, y que debería extenderse a otros territorios.
El conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí, ha firmado la primera resolución de cesión obligatoria. La resolución supone el inicio de la expropiación del primer paquete de pisos vacíos, propiedad de grandes tenedores, que una vez completado todo el proceso legalmente establecido se podrán incorporar durante 7 años al parque de vivienda social que gestiona el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi).
La presidenta balear ha explicado que el alquiler social será de un 30% de los ingresos de quien acceda a ello y que estas rentas se pagarán al banco o fondo buitre expropiado.
27 en Mallorca, 23 en Menorca y 6 en Ibiza
Las 27 viviendas a expropiar en Mallorca están situadas en Palma (11), Inca (11), Llucmajor (2), Manacor (2) y Calvià (1); las 23 de Menorca se encuentran en Ciutadella (17) y Maó (6); y las de Ibiza en Vila (1), Santa Eulària des Riu (2) y Sant Antoni de Portmany (3).
En los próximos días se publicará la resolución en el BOIB, se notificará a los grandes tenedores la expropiación de uso y se abrirá un plazo para la presentación de alegaciones.
Técnicos de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura han visitado las viviendas, que se han considerado adecuadas por sus dimensiones, características y estado para incorporarse al parque de vivienda social.
El conseller Marí ha destacado que con esta primera resolución se empieza a materializar una de las iniciativas más innovadoras de la Ley de la Vivienda de Baleares, como es la cesión obligatoria de los pisos vacíos de los grandes tenedores en aquellos lugares donde hay una necesidad objetiva de vivienda.
Marí ha asegurado que "es una medida pionera en todo el Estado" ya que, aunque algunas comunidades tienen figuras asimilables, "están, la mayoría, en fase de detección de pisos vacíos y no se ha producido ninguna medida de cesión obligada de viviendas del alcance de la que hoy se inicia en Baleares, que incluye 56 pisos".
Devolver la función social a la vivienda
El conseller ha defendido que esta medida permite "sacar pisos del mercado especulativo para ponerlos en manos de quien más lo necesita" y retorna su función social a la vivienda, que se incumple cuando se mantiene cerrada y vacía.
La cesión de uso es un procedimiento expropiatorio, por lo que no es gratuito para la Administración, que tendrá que pagar un justiprecio en un pago único para poder destinar durante 7 años estos pisos a alquiler social.
Para este primer paquete de pisos por expropiar, se prevé un coste de 1,8 millones de euros.
El precio de compensación que pagará el Govern por estas viviendas es considerablemente inferior a los precios de alquiler registrados como índice de referencia por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para la comunidad autónoma, que fija un precio medio mensual de 624 euros, mientras que la cantidad que pagará el Govern es de una media de 391 euros mensuales.
Las personas a las que se les adjudicarán estos pisos (una vez que se incorporen al parque público) pagarán un alquiler adaptado a su capacidad económica y que nunca superará el 30 % de sus ingresos. El Govern asume con recursos públicos la diferencia entre el alquiler que pagará el inquilino y la compensación al gran tenedor, si se da esta circunstancia.
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