La entidad que preside Ana Botín ha trasladado este miércoles a los sindicatos que la integración en los servicios centrales de ambas entidades, así como en las unidades territoriales de apoyo a estos servicios, afectará a unos 2.100 trabajadores.

En concreto, Santander ha planteado la recolocación de unos 585 trabajadores en otras empresas del grupo y la salida de unos 1.580 empleados mediante prejubilaciones a partir de los 58 años y bajas incentivadas, si bien los detalles están sujetos al proceso de negociación, que comenzará formalmente el próximo 16 de noviembre.

En este sentido, los sindicatos consideran que el ajuste es "excesivo" y creen que hay "más recorrido" en el ámbito de las recolocaciones, así como para rebajar la edad de prejubilación planteada inicialmente.

Por el momento, la red comercial de ambas entidades no se verá afectada en el marco de esta negociación, pues su integración no se prevé hasta el año 2019, una vez culminada la integración tecnológica.

Según explicó Santander el pasado viernes, la reducción de plantilla se efectuará mediante un criterio de meritocracia en el que se aprovechará "el mejor talento" de ambas entidades, con un "esfuerzo especial" para que las salidas que se produzcan se realicen en "buenas condiciones".

En cualquier caso, el ajuste se efectuará después de que tanto Santander como Popular aplicaran en 2016 sendos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). En la actualidad, Santander cuenta con 200.949 empleados, de los que aproximadamente un 6% correspondería a Popular, puesto que al cierre del primer trimestre -la última vez que presentó resultados- esta entidad contaba con 15.020 trabajadores, 13.449 de ellos en España. En conjunto, los servicios centrales de Popular y Santander España engloban a unos 7.000 empleados.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, acompañada por el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey

Palabras de Pérez Rey

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