Concretamente, unos 817 trabajadores corresponderían a los servicios centrales de la entidad, mientras que 1.118 serían empleados de las oficinas, incluyendo direcciones territoriales.
Además, según han explicado fuentes sindicales, la entidad ha planteado la necesidad de prescindir de otros 375 empleados que están en excedencia voluntaria por la aplicación de otros ERE y que se incorporarán el 1 de enero de 2018, así como de otros 200 puestos que se recortarían por el efecto de la digitalización.
De acuerdo con las mismas fuentes, no se ha detallado cuántos afectados saldrían de la entidad y cuántos se someterían a movilidades geográficas. El periodo de consultas previas concluirá la próxima semana, tras lo cual a principios de 2018 se iniciará la negociación.
Los representantes de los trabajadores han calificado de "excesiva" la cifra propuesta por la dirección de la entidad y han manifestado su compromiso por "que no haya tantas salidas" y "que el proceso sea voluntario en su totalidad".
Por primera vez en su historia
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