Rubén pensaba que ganaría mucho dinero al firmar su contrato sin saber que se había convertido en un falso autónomo: "Nos prometieron que íbamos a ganar mucho dinero, y al final nos costó dinero ir a trabajar". Por eso, junto a un grupo de compañeros, decidió denunciar ante la Inspección de Trabajo.
Fruto de las inspecciones de trabajo, en 2014 afloraron casi 18.000 empleos. El buzón antifraude, en su segundo año de vida, ha descubierto 2.500, un 14% del total. "Lo hemos hecho directamente con los ciudadanos", asegura uno de los trabajadores.
El buzón del chivatazo deja también 3,2 millones de euros en cuotas liquidadas a la Seguridad Social, un 128% más que el año anterior. También crecen las sanciones a empresas, que suponen 8,3 millones de euros, un incremento del 88%, pero los sindicatos advierten, la solución pasa por dotar de más medios a los inspectores.
Y algunos expertos cuestionan su legalidad. Según la abogada Maite Berenguer es "positivo, pero hay que ver la legalidad de estas denuncias, porque al ser anónimas no se sabe". De hecho, la Comisión Europea en los próximos meses empezará una "investigación preliminar" para determinar la legitimidad del buzón.
