Los registradores de la Propiedad calculan que, en 2012, 30.034 desahucios fueron de primeras viviendas, es decir, el 77% de las ejecuciones hipotecarias. Estos datos chocan de pleno con los 70.000 de los que habla el CGPJ y con los entre 4.000 y 15.000 desahucios que calculan las entidades bancarias.

En el análisis por Comunidades Autónomas, Madrid se lleva la palma, seguida muy de cerca por autonomías como Valencia, Andalucía y Cataluña. Todas ellas disfrutaron del auge de la burbuja inmobiliaria, pero ahora son las que realmente achacan el pinchazo. 

Además, lejos de lo que pensaba, quienes más sufren en primera persona este drama son mayoritariamente españoles. Sólo uno de cada cuatro desahucios ha afectado directamente a un ciudadano extranjero.

Un 75.5% de las ejecuciones fueron concedidas a españoles y el resto a extranjeros, siendo los ecuatorianos, marroquíes, británicos y rumanos los que más peso relativo obtuvieron.

El mismo informe de los registradores también desvela que la dación en pago, una de las principales exigencias de los afectados por los desahucios, es una práctica de poco peso en España. En 2012 se aceptaron más de 14.200 viviendas; aunque se desconoce en qué condiciones.