El Ministerio de Trabajo y Economía Social y los agentes sociales han dado el pistoletazo de salida a la negociación para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales en 2025 y para reforzar el control horario en las empresas, y acordaron que sindicatos y patronal puedan desarrollar un diálogo bipartito en paralelo al que lleven a cabo con la parte gubernamental. Así lo trasladaron los sindicatos y el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, tras la primera reunión sobre la reducción de la jornada laboral que se llevó a cabo este jueves en la sede del Ministerio.
Fue la propia vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, la que anunció la convocatoria de este encuentro tras subrayar que ésta será "la legislatura de los salarios y del tiempo de trabajo".
Pero no es el único mensaje que ha lanzado Díaz estos días. La ministra ha dejado claro que la reducción de la jornada laboral, contemplada en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar, se hará aunque no cuente con el respaldo de las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme.
Reducción de horas y plazos
En concreto, el acuerdo entre PSOE y Sumar contempla reducir la jornada laboral desde las 40 horas semanales actuales a las 37,5 horas para 2025 sin merma salarial. Entre medias, la idea es que en este 2024 la jornada se recorte hasta las 38,5 horas.
La vicepresidenta considera que España debe reducir la jornada laboral, que lleva "40 años congelada", para que los trabajadores ganen tiempo para la vida. Defiende que es una medida muy apoyada por la ciudadanía, incluso por los votantes de la derecha, y que mejorará la productividad de la economía española.
"Vamos a reducir la jornada laboral que lleva congelada 40 años en nuestro país, pero sin reducción salarial, porque esto es lo que va a hacer que sigamos subiendo los salarios en nuestro país", dijo hace unos días la ministra.
Dado que la jornada laboral media efectiva ronda ya las 38,5 horas a la semana (38,2 horas de media en convenio), también se va a trabajar en la mesa de negociación cómo reforzar y mejorar el funcionamiento del registro horario al que están obligados las empresas para que se cumplan realmente esas 38,5 horas.
Casi no se notará en 2024
De hecho, según señaló ayer el secretario general de CCOO, Unai Sordo, el primer tramo de la reducción de la jornada laboral hasta las 38,5 horas para 2024, "no tendría prácticamente efecto" en la jornada de los trabajadores afectados por convenio, ya que ésta se situaría en 1.758,16 horas frente a las 1.751,56 horas que supone la media de la jornada sectorial pactada en 2023.
Eso sí, el segundo tramo de la reducción de la jornada previsto, el que la llevará hasta las 37,5 horas en 2025, sí afectará a 10,3 millones de trabajadores, el 94% de quienes tienen convenio colectivo de referencia, según CCOO.
Según la ministra Díaz, la medida afectará a 12 millones de asalariados que aún no tienen jornadas de 37,5 horas a la semana, pues los funcionarios y 1,6 millones de asalariados del sector privado ya cuentan con una jornada similar o inferior.
Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ve positivo que el Gobierno se plantee reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, pero no oculta su deseo de "esta legislatura sea la de las 35 horas semanales".
La última vez que en España se produjo una reducción de la jornada máxima de trabajo fue en 1984 y recortar las horas de trabajo era una reclamación y una exigencia de las organizaciones sindicales.
Los empresarios, contrarios a una "imposición"
Aunque el anuncio de la convocatoria de esta mesa ha sido bien recibido por los sindicatos, no lo ha sido tanto por las organizaciones empresariales. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se ha mostrado "dispuesto a hablar" sobre el tema, pero "no porque venga una señora a imponernos su criterio porque es su hito y medida estrella".
"Nadie está diciendo que no se puede reducir la jornada, de hecho hay sectores con más productividad que tienen menos jornada. No todos los sectores son iguales, por eso lo que planteamos es que se haga sector a sector, en cada mesa, que es como se ha hecho siempre", ha defendido Garamendi estos días.
Al presidente de la patronal le molesta que esta mesa de negociación tenga "marcado el final y el resultado", por lo que entiende que "no se puede hablar de diálogo social" cuando el Gobierno ya ha tomado una decisión que obedece a "un hito político".
Garamendi quiere además que esta regulación se haga "entre los trabajadores y los empresarios" y "por sectores", ya que hay algunos que tienen mayor productividad y otros sectores donde los trabajadores tienen "menos productividad y se necesitan más horas" de trabajo.
Además, considera que la reducción de la jornada laboral es "otra subida implícita del salario mínimo interprofesional", que además "va a bloquear la negociación colectiva" con los sindicatos.
Mejorar el registro horario, una necesidad
Como vía para reducir la jornada laboral este año a las 38,5 horas semanales comprometidas en el acuerdo PSOE-Sumar, Trabajo quiere mejorar el funcionamiento del registro horario. Todas las empresas, sin excepción, están obligadas desde el 12 de mayo de 2019 a registrar diariamente la jornada de sus trabajadores en virtud de un Real-Decreto ley aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez en marzo de aquel año.
El objetivo de esta medida es medir la duración de las jornadas laborales y, por lo tanto, las horas extraordinarias, y también los descansos, que no pueden ser inferiores a doce horas entre final e inicio de jornada ni a 36 semanales, aunque con peculiaridades sobre su ubicación en el calendario según el sector de que se trate.
El registro obligatorio que las empresas debe incluir el inicio y finalización de la jornada del trabajador, sin perjuicio de la flexibilidad horaria, y se organiza y documenta mediante la negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, por decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores.
En caso de no existir representación legal de los trabajadores, es la empresa quien determina cómo se organiza y documenta el registro de jornada. La empresa está obligada a conservar los registros de jornada de sus trabajadores durante cuatro años y éstos deben permanecer a disposición de trabajadores, sindicatos e Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En caso de incumplimiento, la cuantía de la sanción puede ir desde los 626 euros si es considerada leve o llegar a los 6.250 euros en caso de calificarse como grave.
