El Grupo Unidos por el Canal está liderado por las empresas española Sacyr y la italiana Salini Impregilo, con el 48% accionarial cada una, e integrado por la belga Jan de Nul, con el 3%, y la panameña CUSA, con el 1%. En un comunicado, el Grupo negó que tenga previsto suspender las obras, cuando vence el preaviso de 21 días que envió a la ACP en diciembre pasado y en el que planteaba esa posibilidad por falta de liquidez.
El preaviso "da derecho al consorcio a suspender las obras en cualquier momento a partir del día 21, sin que en este momento ese escenario este contemplado", dijo el consorcio, aunque aclaró que su "Consejo de Administración podrá evaluar la situación y tomar la decisión que corresponda en cualquier momento". La ACP, en un comunicado difundido este domingo, sostuvo que la intención de suspensión "es inválida" porque la cláusula invocada por el consorcio no aplica.
"La subcláusula 16.1 del contrato (...) aplica cuando el empleador, es decir, la ACP, incurre en un impago de las cuentas que está obligada a pagar al contratista mensualmente, lo cual no ha sucedido", señaló la misiva. Añadió que "los niveles de producción en el proyecto son bajos sin ninguna justificación", algo que ya había dicho esta semana el administrador de la ACP, Jorge Quijano, al asegurar que el consorcio había bajado el ritmo de trabajo en al menos un 70 % en comparación con noviembre pasado.
La Autoridad reiteró que "analizará toda propuesta" para reflotar el proyecto que el consorcio "presente de manera formal" y esté enmarcada en el contrato. Aseveró que este "fin de semana ha mantenido comunicaciones informales con el ejecutivo principal de Sacyr, líder del consorcio, con el fin de que se encuentre una solución que normalice la situación que se viene viviendo en el proyecto desde hace semanas", sin más precisiones.
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